
Una verdadera pesadilla vive doña Anita, una mujer de 92 años, quien podría quedarse sin la vivienda que adquirió hace más de una década junto a su esposo, tras el remate judicial vinculado a una constructora. El departamento en el que reside, ubicado en Miraflores, fue incluido dentro de un embargo por deudas empresariales.
En 2010, la pareja de adultos mayores compró al contado un inmueble de más de 40 m² a la constructora Betania. El dinero provino de la venta de la casa familiar en la que crecieron sus hijos. Buscaban un espacio más pequeño y seguro para pasar el final de sus días con tranquilidad, pero la propiedad no fue inscrita oportunamente en Registros Públicos.
Con el paso de los años, la empresa enfrentó un proceso judicial por una deuda superior al millón y medio de dólares a favor de Rafael y Augusto Claux Sanguineti y de Luisa Sanguineti. Como el departamento aún figuraba a nombre de la constructora, fue considerado dentro de los bienes sujetos a cobranza.
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La hija de la propietaria, Katherine Marnghitr, contó que recién en septiembre de 2025 supo de la situación cuando intentaron vender la cochera. “Yo me enteré por una amiga que vio que la propiedad tenía una orden de embargo. Esta casa la compraron mis padres y por qué tenemos que pagar las deudas de una empresa que vendió un inmueble supuestamente con todo bajo la ley”, afirmó.
El esposo de doña Anita falleció en 2017 sin haber culminado la inscripción del inmueble. Luego se inició el proceso de sucesión intestada, lo que demoró los trámites. “Mi papá no lo inscribió en Registros Públicos. Él fallece y se realizó la sucesión. Fue un trámite engorroso y luego llegó la pandemia”, explicó Katherine.
Cuando la familia retomó las gestiones, necesitaban documentos de la constructora, pero la empresa ya estaba en liquidación. En enero de 2025 obtuvieron información registral actualizada, pero el proceso judicial ya se encontraba en curso.
El departamento actualmente se promociona en redes sociales con un valor base de US$130.316. Ante el riesgo inminente, la defensa solicitó la desafectación del inmueble ante el Segundo Juzgado Comercial, pedido que fue rechazado. Ahora tramitan una tercería para excluir la propiedad del embargo.
Katherine Marnghitr, hija de la pareja de adultos mayores, contó que recién en septiembre de 2025 supo de la situación cuando intentaron vender la cochera. Foto: Latina
“Mi mamá tiene 92 años, este departamento es su paz y tranquilidad y estamos muy cerca de perderlo si lo llegan a adjudicar en remate”, señaló Katherine. Mientras intentan dialogar con los acreedores, la familia espera que el proceso judicial reconozca que el inmueble fue adquirido de buena fe hace más de una década.
Cabe mencionar que Latina se contactó con Pilar Salas, una de las extrabajadoras de la constructora Betania, pero dijo que no se había enterado de la cobranza, aunque esto sucedió cuando ella aún laboraba para esa empresa.





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