
Retornó la calma al distrito fronterizo de Pisacoma, provincia de Chucuito-Juli, región Puno. Los comuneros y el alcalde Raúl Herrera Quenta, se reunieron en la plaza principal de dicha localidad.
Los comuneros mantenían tomado el edificio municipal debido a que —según denunciaron— el alcalde no habría rendido cuentas sobre el alquiler de una maquinaria edil al Gobierno Regional de Puno. Los manifestantes desistieron de su medida de fuerza para permitir que los trabajadores municipales retomen sus labores, ante el cierre del año fiscal 2025.
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La suspensión de la medida y el paso al diálogo tuvo lugar luego que el burgomaestre retornó la maquinaria pesada que había alquilado al GORE Puno, consistente en volquetes, motoniveladora, entre otros.
La reunión tuvo lugar en el frontis del municipio. Asistieron los regidores, tenientes, gobernadores, presidentes de comunidades, así como el alcalde acompañado de sus principales funcionarios.
Raúl Herrera recibió la queja de los comuneros. Lo responsabilizan por no ser transparente con relación a los alquileres de los equipos pesados y no rendir cuenta sobre los montos que se captaron. No le creyeron que, gran parte de los ingresos, se haya invertido en repuestos.
El gerente municipal, Ernesto Yunga Callomamani, dijo que ante la presión se tuvo que dejar sin efecto el acuerdo que había con el GORE Puno.
“La responsabilidad es de quienes no fueron transparentes en sus actos”, dijo públicamente Wilber Carrasco Carrasco, subprefecto de Pisacoma, durante la reunión pública.
Los dirigentes le pidieron al alcalde Raúl Herrera que se humille y que pida disculpas para que cesen los miramientos entre quienes lo apoyan y rechazan su administración, porque si no las tensiones crecerán y no ayudará a la paz social.
Raúl Herrera Quenta, respondió que los errores cometidos serán corregidos, pero indicó que en ningún momento hizo de lado la municipalidad. Los regidores fueron cuestionados por los dirigentes porque, en su percepción, hicieron poco la fiscalizar a la actual gestión edil.
En diálogo con La República, Franco Chamorro, miembro del comité de vigilancia, sostuvo que el problema no ha acabado porque la Fiscalía Anticorrupción inició investigación por una serie de anomalías advertidas desde hace bastante tiempo. Después de la reunión se reabrió el municipio. Se comprobó que no ejecutaron violencia con la entidad municipal.

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