
En marzo de este año, una mujer intentó realizar una denuncia por agresión física en la comisaría de Laderas de Villa, en el distrito de Villa El Salvador. Sin embargo, al llegar al establecimiento policial, el agresor, un suboficial de la PNP, identificado como R. Sánchez C., la esperaba. El hombre habría llegado a la dependencia solo para impedir que la víctima formalice su acusación.
En un video grabado por ella misma, el sujeto admitía haberla golpeado. "Te pegué mucho, sí, pero no te iba a matar", repetía. Lamentablemente, el hecho no es aislado. Los casos de violencia de género por parte de agentes del orden son constantes. De acuerdo con un pedido de acceso a la información realizado por La República, este 2025, en Lima, 451 policías han sido implicados en casos de violencia física, psicológica y sexual.
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Según datos del Centro Emergencia Mujer y Familia, a nivel nacional, Lima Metropolitana registra este año la mayor tasa de denuncias por violencia. Del total, concentra el 20% de denuncias por violencia física (10.506 casos), el 26,4% por violencia sexual (7.149 casos) y el 21,3% por violencia psicológica (13.352 casos). En el caso de las denuncias contra personal de la PNP, entre enero y septiembre se han recibido 102 por violencia física, 285 por violencia psicológica y 5 por violencia sexual. De esos, solo el 9% (42) han sido detenidos.
El reflejo de su impunidad se traduce en la pregunta sobre qué mecanismos se están tomando para sancionar estas acciones. "Debemos considerar dos aspectos: los filtros aplicados al personal policial y el trato que brindan al público, especialmente a las víctimas de violencia que podrían haber sufrido abusos por parte de los propios agentes. Contamos con normas y reglamentos vigentes, pero no se están cumpliendo plenamente", acota para este medio la abogada del programa de Sexualidad y Autonomía Física del Movimiento Manuela Ramos, Shely Cabrera.
En noviembre de 2024, un nuevo feminicidio, de los más de 1.000 casos registrados en los últimos seis años en el país, indignó a la ciudadanía. En el distrito de Santa Anita, Sheyla Cóndor (26) fue hallada sin vida en la vivienda de Darwin Condori, un suboficial en actividad de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Días previos, cuando la familia de la joven denunció la desaparición, agentes de la comisaría de Santa Luzmila, en Comas, minimizaron el hecho y se negaron a tomar el caso, alegando a Elsa Torres, madre de Sheyla, que las evidencias no eran suficientes para iniciar la búsqueda. Según Torres, los policías le dijeron que “seguro se escapó con su enamorado”.
Tras el asesinato, el efectivo Condori fue señalado como el principal sospechoso del feminicidio. No obstante, su posterior muerte dificultó las investigaciones. Por lo que, hasta la fecha, el crimen continúa impune.
Otro caso fue el ocurrido en junio del 2024. Cuando el exalférez PNP, Christian Rojas, habría cometido el delito de feminicidio en agravio de su exenamorada, mientras se encontraba en funciones. Aunque este 13 de noviembre, el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Ventanilla presentó pruebas contra él, hasta el momento no existe una sentencia firme en su contra.
Pese a este grave escenario, en junio, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia y pastora evangélica, Milagros Jáuregui, del partido Renovación Popular, presentó un proyecto de ley para reemplazar el delito de feminicidio por el de asesinato de la pareja en el Código Penal. Lo que, según especialistas, implicaría un retroceso histórico del marco normativo.
Según las fiscalías especializadas en delitos de violencia contra las mujeres, de enero a octubre de 2025, el Ministerio Público ha logrado que se dicte un total de 13.023 sentencias por delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
Sin embargo, un reciente informe periodístico de Ojo Público se señala que, entre los procesos abiertos contra agentes de la PNP —donde figuran denuncias por feminicidio, tentativa de feminicidio, así como violencia sexual, física y psicológica— solo el 31% culminó en una sanción. El resto fue archivado por absolución, retiro de la denuncia o por la nulidad y caducidad de los procesos.
La investigación también reveló que, entre 2018 y 2024, al menos 2.239 efectivos policiales fueron investigados administrativamente por hechos relacionados con violencia contra la mujer y personas vulnerables. Pese a que el Tribunal de Disciplina Policial, encargado de aplicar la Ley 30364, tiene la responsabilidad de sancionar a los miembros de la institución que incurran en estos actos, garantizando que las faltas no queden impunes, la mayoría de los casos no encuentra justicia.
La República se comunicó con el área de prensa de la PNP para conocer su versión de los hechos. Su respuesta fue la siguiente: "agradecemos su interés en obtener información sobre este caso. Sin embargo, por el momento no será posible atender su solicitud de entrevista, ya que el tema se encuentra en proceso de investigación".
Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.
Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.
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