
El endurecimiento en las restricciones penitenciarias establecidas por el nuevo gobierno de José Jerí han ocasionado una violenta respuesta por parte de los internos. Ellos han amenazado de muerte directamente a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y a sus familiares, según declaró un trabajador en el noticiero 24 Horas. "(Pedimos) que nos den las garantías del caso, nos equipen y atiendan nuestras condiciones laborales", precisó el servidor.
Además, en un audio difundido, se escucha a un individuo con presuntos vínculos con los reclusos, advirtiendo sobre las nuevas restricciones tomadas por el gobierno. "Van a guardar todos los celulares hasta nuevo aviso y que se calme esto. Les están cortando todos los interruptores para que no puedan cargar (los dispositivos)", se le escucha decir.
De acuerdo con el noticiero, la preocupación dentro del centro penitenciario aumentó luego de que se recibiera información de diferentes penales en el norte del país, en donde aseguran que atentarán con la vida de los trabajadores del INPE. "Tengo información de Chiclayo, del penal de Trujillo y del de Piura, que hay amenazas contra los servidores del INPE", precisó un funcionario.
Del mismo modo, los internos amenazaron con "tomar rehenes, atentar contra los servidores y hasta atacar a sus familiares". Por tal motivo, los funcionarios han solicitado que se les den mayores garantías y recursos para enfrentar estos riesgos luego de que se anunciaran las restricciones en los penales de todo el Perú.
Funcionarios del INPE insistieron para que el presidente de la República, José Jerí, tome medidas frente a esta problemática. Pese a que el personal está de acuerdo con la posición asumida, ellos han solicitado que se los equipe adecuadamente. "Que atienda nuestras condiciones laborales, que nos implementen equipos de tecnologías, radios de comunicación, armamentos, equipos disuasivos y que se convoque urgente a personal para el CENECP", solicitaron los trabajadores.
Por su parte, el exjefe del INPE, Javier Llaque, considera que la medida restrictiva aplicada por el actual gobierno es positiva, ya que se tiene un alto número de reclusos en los centros penitenciarios. "¿Era necesario restringir las visitas y adoptar medidas? Sí. Nosotros hicimos una propuesta, pero la decisión política del ministerio en su momento no la admitió", indicó.
Entre las principales deficiencias de los centros penitenciarios está el exceso de internos, el cual supera el 100% a nivel nacional. En base con información del INPE, en Lurigancho hay más de 10.000 reclusos bajo la supervisión de 80 funcionarios de seguridad. En ese sentido, Llaque precisó que anualmente la población penitenciaria crece cerca de 5.000 internos y, sin embargo, la reincorporación de agentes sigue siendo insuficiente.
Otro problema es la falta de equipamiento tecnológico, ya que solo 30 de los 66 penales del Perú cuentan con bloqueadores de señal. Al respecto, el jefe del INPE, Iván Paredes, reconoció que establecimientos de máxima seguridad como Challapalca no tienen este sistema. Por último, precisó que son apenas 6 bodycams las que están disponibles en todo el sistema penitenciario.
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