
Este martes 14 de octubre, el presidente José Jerí se reunió con los representantes de las diversas alcaldías de Lima para escuchar sus propuestas y discutir importantes temas como la seguridad ciudadana. En dicha reunión, se escucharon diversas propuestas, como la declaratoria del estado de emergencia con medidas efectivas, municipalizar determinadas funciones policiales y uso obligatorio del chaleco naranja en transporte lineal.
Por su parte, el reciente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se dirigió al presidente y, entre sus propuestas, planteó un periodo de “amnistía” de 30 días, o el tiempo que disponga el Ejecutivo, para que la población entregue sus armas ilegales. Agregó que, pasado este tiempo, deberían aplicarse sanciones “ejemplares”, incluyendo la cadena perpetua. La iniciativa, según el alcalde, iría acompañada de una campaña de sensibilidad para "decirle a Perú entero que no se puede seguir teniendo un arma ilegal".
Durante su intervención, Reggiardo planteó una fase inicial en la que se otorgaría una “amnistía” temporal para que las personas puedan entregar armas ilegales sin enfrentar sanciones inmediatas. Según el alcalde, ese periodo (mencionó 30 días como ejemplo) permitiría reducir el parque de armas en manos de civiles y facilitaría controles posteriores por parte del Estado. Agregó que esto podría realizarse a través de un decreto legislativo o facultades otorgadas por el Congreso, para que el Ejecutivo pueda adoptar con rapidez las medidas.
El burgomaestre fue explícito al advertir que, terminado el plazo de amnistía, no habría tolerancia: “El día 31 se acabó el recreo para los que tengan armas ilegales y aplicar una sanción ejemplar, que incluya cadena perpetua”, dijo. La propuesta de imponer penas máximas buscaría, en su argumento, disuadir la tenencia ilegal y reducir homicidios y delitos cometidos con "armas de fuego, que tanto daño están haciendo y con las que están matando a nuestros compatriotas".
Este medio consultó con un especialista respecto a la viabilidad de esta propuesta. El abogado penalista David Panta, por su parte, cuestiona fuertemente las palabras de Reggiardo. De acuerdo a su opinión, carece de sentido práctico, ya que se basa en premisas irreales. "¿A quién le van a imponer cadena perpetua si nadie entrega nada?", se pregunta, resaltando que la medida parece más un acto de populismo penal que una solución efectiva a la criminalidad.
Panta también enfatiza que no se puede esperar que los delincuentes, como sicarios o extorsionadores, entreguen sus armas de forma voluntaria. "Es imposible que los criminales entreguen sus armas así de buenas a primeras", señala, y agrega que estas propuestas solo buscan quedar bien ante la población, que no siempre tiene un conocimiento profundo del derecho. Para él, este tipo de medidas son parte de un intento por “anestesiar” a la ciudadanía con soluciones que aparentan ser rápidas pero son ineficaces.
Finalmente, el abogado considera que las propuestas como la de imponer cadena perpetua por no entregar armas son no solo absurdas, sino "ridículas". "Los delincuentes no cometen delitos pensando en el Código Penal", afirma, indicando que este tipo de leyes no hacen más que generar expectativas erróneas y no abordan la raíz del problema central.
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