
Este jueves 4 de septiembre, tras el ataque extorsivo ocurrido en Trujillo, alrededor de las 10:50 p.m, los vecinos de la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas, en la región de La Libertad, se han mostrado críticos ante el actuar de las autoridades.
Según denuncian, el aumento de la inseguridad en la ‘Ciudad de la eterna primavera’ ha logrado que algunas personas la califiquen como "una de las peores del Perú". Pese a ello, enfatizan que esto no ha logrado frenar las extorsiones ni el aumento de la criminalidad en la zona.
"No solamente se trata de figurar en los partidos políticos ni hacer campaña, sino que demuestren con hechos el hacer algo por la población (...) En la mañana [del 5 de septiembre] estuvo el alcalde [de Trujillo], pero venir y que los entrevisten no es hacer nada por toda la gente afectada con este evento", declara una ciudadana damnificada para La República.
El hecho, que dejó al menos 30 viviendas afectadas y 12 personas heridas, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), se suma al ocurrido en agosto de este año, en la cuadra 8 de la avenida Perú. Ambos relacionados con conflictos entre bandas implicadas en la minería ilegal.
Asimismo, los vecinos de la urbanización Las Quintanas reclaman mayor acción de las autoridades y cuestionan la falta de mano dura en la zona. “Las leyes son muy blandas. Aquí debería haber cadena perpetua o pena de muerte para estos delincuentes. Nos sentimos desprotegidos”, manifestó uno de ellos.
En tanto, las viviendas y negocios de la zona mencionada han quedado afectados tras la exposición. Una veterinaria vio su mampara daña. La propietaria sentencia que el precio de dicho material tendría un valor aproximado de cinco mil soles. "Fue un estruendo muy fuerte. Hemos visto todo el humo. Todos los vidrios de acá son laminados (...) Y no cuestan barato", afirmó para este medio. Señala que las autoridades sí han llegado a la zona para empadronar las viviendas. Por lo que esperan prontas soluciones.
Además, afirmaron que personas vinculadas a la minería, formal e informal, han adquirido inmuebles en Las Quintanas y Primavera, lo que convierte a los barrios residenciales en objetivos de organizaciones criminales que buscan extorsionar o vengarse de sus rivales.
La ciudad de Trujillo fue sacudida una vez más por la violencia criminal. Foto: Yolanda Goicochea/ La República.
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Para el general Guillermo Llerena Portal, jefe de la III Macro Región Policial, lo ocurrido forma parte del denominado “Efecto Pataz”, fenómeno que describe cómo las organizaciones de minería, debilitadas en la sierra tras la intervención militar y policial, debido al estado de emergencia en que se encuentra la zona, trasladan sus actos de venganza hacia Trujillo.
Recordó que una mujer minera en Pataz, cuyo nombre se mantiene en reserva, fue despojada de sus labores por la organización de alias “Cuchillo”. Tras la caída de este cabecilla, logró recuperar su actividad, pero recibió amenazas y hasta atentados en su domicilio. Lo mismo habría ocurrido con otras familias mineras.
“Las organizaciones que han perdido poder en Pataz están trasladando su violencia a Trujillo. Lo que no pueden hacer allá, lo están haciendo acá de manera violenta”, advirtió Llerena Portal.
Por su parte, Jose Manuel Saavedra, experto en comunicación política, gubernamental y seguridad ciudadana, explica que lo que se vive en Trujillo es el resultado directo del estado de emergencia y la presencia militar en Pataz, lo que se conocería como "efecto globo". "Estamos frente a un enfrentamiento de organizaciones criminales por el control territorial de Trujillo. Es el inicio de lo que, yo creo, podría convertir a la ciudad en el nuevo Medellín de los años 80' de Pablo Escobar", afirma el especialista.
Explosivo destruyó tres pisos de la vivienda ubicada en la urbanización Las Quintanas.
El gobernador regional de La Libertad, Cesar Acuña Peralta, y el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, han anunciado su intención de viajar a Lima para reunirse personalmente con la presidenta Dina Boluarte, con el fin de exponer la problemática presente en Trujillo.
Para Reyna, el estado peruano aún tiene mucho que hacer por la seguridad de los trujillanos. "No se trata solo de mandar a patrullar a policías si no tienen inteligencia, no tienen intervención telefónica, no sirve absolutamente de nada", afirmó en una conferencia de prensa.
Sin embargo, el gobernador Cesar Acuña se opone a esa versión y afirma que sí se ha brindado herramientas a PNP. "Esto es terrorismo. Le hemos dado toda la logística a la Policía Nacional, 100 millones de soles. El control de Trujillo tiene que estar en manos de las Fuerzas Armadas (...) hay argumentos para pedir que haya toque de queda. Su estado de emergencia no funcionó", aseguró.
Sin embargo, Saveedra señala que lo que haría falta en la zona son operativos de inteligencia, que logren identificar a las 'cabezas' de las organizaciones. "Se viene un proceso electoral y, además de querer controlar el territorio, también se van a asegurar de eliminar algunos políticos (candidatos presidenciales, alcaldes y candidatos a gobernadores regionales). No basta con intervenir Pataz (...) se necesita una estrategia integral de seguridad ciudadana, como le hemos venido diciendo hace más de 2 años", finaliza.
El general Llerena Portal también brindó detalles sobre la captura de los implicados en el atentado, quienes intentaron huir en una motocicleta que no encendió. “Corrieron a pie y se toparon con una patrulla de Serenazgo. Minutos después llegó un patrullero de la Unidad de Emergencia y se produjo la intervención inmediata”, relató.
Los detenidos, identificados como Nilton Isaías Ravello Ramos (19) y el ciudadano venezolano Everet Emilio Quinteros Monasteridos (32), fueron capturados en flagrancia. A través del seguimiento de cámaras de seguridad, la Policía obtuvo imágenes que muestran a uno de ellos dejando el paquete explosivo con las mismas prendas y gorra que llevaba al momento de ser arrestado.
En sede policial, uno de los implicados confesó y aceptó su participación, revelando que habían sido reclutados por un sujeto conocido con el alias de “Pelado”, quien residía en el distrito de Moche. Con esa información, la PNP intervino a Fabrizio Manuel Leyton Gutiérrez, considerado un mando medio de la organización criminal. En su vivienda se hallaron 10 cartuchos adicionales de dinamita blanca, idéntica a la usada en el atentado.
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