Ley de criminalidad sistemática que sanciona con cadena perpetua sería 'saludo a la bandera': ¿de qué trata?

Este martes 3 de setiembre, el Congreso de La República aprobó, con 83 votos a favor, 27 en contra y una abstención, la ley que incorpora el delito de criminalidad sistemática al Código Penal peruano, en segunda votación. Esta ley impone penas de entre 35 años de prisión y cadena perpetua para delitos como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, cuando se cometan de forma sistemática o utilizando armas de fuego, explosivos o armamento militar.

Este artículo fue parte del texto sustitutorio que el Congreso aprobó en octubre de 2024 en primera votación. La sanción sería elevada a cadena perpetua debido a agravantes como el uso de armamento militar, la participación de menores, la condición de un miembro activo o retirado de las Fuerzas Armadas o la PNP, así como cuando se actúe con extrema crueldad o se ataque a funcionarios públicos.

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Especialistas afirman que nueva ley no combatiría eficazmente la delincuencia

En este sentido, especialistas concuerdan en que, si bien esta norma sería una técnica efectiva en lo legal, no incide en el problema de raíz. Actuaría como una aparente gran respuesta frente a la ola de violencia que viene azotando al país, pero sin producir un impacto real en la reducción del crimen.

"Aquí, desgraciadamente, lo que algunos políticos tratan de hacer es impresionar a la población, ponerle un nombre a estos actos delictivos que ya están considerados (...) Quieren colocar nombres como 'terrorismo urbano' y ahora 'criminalidad sistemática'. Esos delitos, como en el caso de robo agravado, ya tienen hasta cadena perpetua en la Ley de Criminalidad Organizada", indicó Mario Amoretti, abogado especialista, para La República. Según el artículo 118 de esta ley, "la pena en robo agravado será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización criminal, o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental".

Por su parte, Joel Córdova, abogado penalista, afirma que lo que se exige ahora, a diferencia de la normativa anterior, es que el delito se cometa con armas o explosivos, lo que, según indica, da mayor precisión técnica a la norma. Aun así, advierte que no se ha creado un tipo penal autónomo. "Lo que se está haciendo es crear un supuesto agravado. Quien comete extorsión o secuestro con el uso de explosivos puede recibir cadena perpetua. Es una agravante, más que un nuevo delito", aclara.

En este sentido, la medida tiene un carácter meramente sancionador y no contribuiría a reducir la criminalidad. "Esta norma, por sí misma, no va a reducir, o dudo mucho que reduzca, la criminalidad. Es una herramienta mayor, sí, pero si no hay equipos especializados tanto en la Policía como el Ministerio Público, va a ser un 'saludo a la bandera', como otras normas, y no serviría de nada", agrega Córdova.

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Cadena perpetua: una medida más simbólica que efectiva

Según Córdova, la cadena perpetua evidencia que, para el Estado, esta es "una forma de delincuencia cuya reinserción social resulta especialmente difícil". Explica que la "advertencia" de una sanción como esta tiene dos funciones: una disuasiva y otra resocializadora. En el primer caso, se busca que la población no cometa el delito debido a sus consecuencias, y, en el segundo, que, luego de unos años de dictarse la sentencia, se reevalúe la continuidad del ciudadano debido a factores como su comportamiento.

Sin embargo, alerta de un problema con la medida: "Este tipo de delincuentes de por sí no tienen miedo a la pena que se le vaya a imponer. Siempre parten de la premisa de que no los van a atrapar, así que no se ve disuadidos por la pena que se les imponga". En otras palabras, la norma podría funcionar para evitar la reincidencia, pero no previene la comisión de nuevos delitos ni ataca las redes criminales que los sostienen.

"Aquí lo que necesitamos son planes y estrategias para combatir al crimen organizado. Desgraciadamente eso no existe. Este tipo de leyes ya son recurrentes por parte de las autoridades", señala Amoretti.

El verdadero problema: falta de capacidad operativa

Más allá del endurecimiento penal, el gran desafío sigue siendo la capacidad de respuesta del Estado. Las penas por secuestro, sicariato o extorsión ya eran altas, pero la criminalidad continúa en aumento, señalan los especialistas. "Ya contábamos con penas elevadas. No debería ser tanto establecer una cadena perpetua, si no, sobre todo, generar mecanismos y procedimientos que combatan a la delincuencia en el día a día. Si no hay un trabajo especializado en la Policía y el Ministerio Público, esta ley será un saludo a la bandera", subrayó Córdova.

La crítica es clara: no se trata de cuán severas sean las sanciones, sino de la capacidad de capturar, procesar y condenar a los delincuentes. Sin cambios en la operatividad de las instituciones encargadas de aplicar la ley, esta ahora denominada 'criminalidad sistemática' quedará reducida a un gesto legislativo sin impacto real en las calles.

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