Gobierno se reúne con algunos gremios de transportistas, pero no hay acuerdos concretos: "No se ha avanzado nada"

El Ministerio del Interior (Mininter), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y gremios de transporte urbano realizaron una nueva mesa de diálogo, luego de varios paros del sector, con el objetivo de coordinar acciones para enfrentar la delincuencia que afecta al transporte público.

Durante el encuentro, el titular del Minjusdh, Juan José Santiváñez, anunció reformas legales destinadas a endurecer el sistema penal, incluyendo la eliminación de beneficios penitenciarios para personas condenadas por homicidio, sicariato y crimen organizado. “Si una persona recibe 20 años, debe cumplir su condena”, enfatizó. Además, adelantó la participación de las Fuerzas Armadas en proyectos de ampliación penitenciaria, como en Ancón 3, Ica y otros establecimientos. Pese a estas propuestas, los transportistas cuestionan la efectividad de las medidas.

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Anuncian 3.200 cámaras y mesa técnica intersectorial

El ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que su sector elabora un diagnóstico integral sobre la extorsión y el crimen organizado. Entre las medidas anunciadas destacan controles más estrictos sobre la venta de chips, el rastreo de cuentas bancarias usadas para cobros ilegales y la supervisión de armas y explosivos vinculados a la logística criminal. Además, indicó: “Hemos firmado un convenio con Amper para centralizar en un software aproximadamente 3.200 cámaras con inteligencia artificial”, lo que permitirá a la PNP acceder a las cámaras de los gobiernos locales y reconocer rostros y patrones de comportamiento.

Malaver también precisó que, a través de la Dirección General contra el Crimen Organizado, se publicará próximamente un estudio sobre la criminalidad a nivel nacional, que servirá como base para enfrentar la extorsión en el transporte y otros sectores. Por su parte, Santiváñez adelantó la creación de una mesa técnica intersectorial, en coordinación con el MTC, para dar seguimiento a los compromisos asumidos con los gremios y garantizar acciones concretas que fortalezcan la seguridad del transporte formal.

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Transportistas cuestionan efectividad de medidas de mesa de diálogo

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte y representante de diversas asociaciones del sector, señaló que las medidas anunciadas “son buenas intenciones”, pero advirtió que sin coordinación real entre instituciones difícilmente tendrán resultados. “El ministro de Justicia se fue antes que hablaran los otros gremios. (...) Lo que nosotros deseamos es que exista coordinación entre el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Legislativo, que están totalmente desconectados”, criticó.

Ojeda añadió que las propuestas de la mesa de diálogo no son nuevas y carecen de efectividad. “No se ha avanzado nada. (...) Falta mucho por hacer, pero mientras no estén unidos no nos sirve nada. ¿De qué sirve agarrar una banda si la sueltan a las dos semanas? ¿De qué sirve agarrar a un prontuario si el Poder Judicial lo libera? De nada”, afirmó.

El dirigente también cuestionó la ausencia de plazos y mecanismos de seguimiento. Señaló que sin la presencia del premier o de la presidenta, los compromisos quedan en el aire. “Que busquen soluciones y no busquen a los gremios para tomarse la foto”, puntualizó.

Ataques a Línea 36 y críticas de transportistas

Horas antes de la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo, los buses de la línea 36, que cubren la ruta entre San Martín de Porres y Chorrillos, fueron blanco de dos ataques armados en menos de 24 horas, lo que obligó a la suspensión temporal de sus servicios. El primer ataque ocurrió la noche del domingo 31 de agosto, con disparos al terminal; la madrugada del lunes 1 de septiembre, un delincuente disparó directamente a los conductores, quienes resultaron ilesos.

Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), criticó que su gremio no haya sido convocado a la mesa de diálogo. Señaló que su institución, al igual que otros gremios que han impulsado paros contra la inseguridad, resulta “incómoda” para el gobierno y aclaró que no son informales, sino que cuentan con personalidad jurídica y autorización. “Soy gerente general de la empresa de transporte La Mano de Cristo SAC, que tiene autorización por la ATU para prestar el servicio de taxi ejecutivo”, enfatizó.

Carrera cuestionó además la efectividad de las medidas anunciadas por el Ejecutivo. Aunque saludó la iniciativa, afirmó que estas propuestas se han planteado desde el año pasado y que las leyes vigentes permiten que muchos delincuentes salgan libres pese a haber sido capturados.

“Seguimos coordinando con diferentes sectores y en algún momento podríamos convocar a un gran pacto de todas las organizaciones sociales en contra de la inseguridad”, señaló Carrera, quien insistió en que el objetivo es proteger a los transportistas y garantizar que los ciudadanos puedan trasladarse con seguridad.