
El gobierno de Donald Trump aprobó una nueva normativa conocida como One Big Beautiful Bill, la cual modifica significativamente las condiciones migratorias en Estados Unidos al incrementar los costos para ingresar legalmente al país. Una de las principales medidas es la introducción de una tarifa obligatoria de 250 dólares (aproximadamente 887 soles) por concepto de "integridad de visa", que se suma al precio regular de las solicitudes de visas temporales, como las de turismo, estudio y trabajo.
Según el Senado estadounidense, esta tarifa adicional entrará en vigencia a partir del año fiscal 2026 y será aplicable a todos los solicitantes de visas de no inmigrante. El monto solo podría ser reembolsado si, al vencimiento de la visa, el titular demuestra un historial de cumplimiento perfecto de las leyes migratorias. Esta medida ha generado preocupación entre organizaciones de derechos migratorios, ya que podría dificultar el acceso a vías legales para miles de personas, especialmente considerando que Estados Unidos será una de las sedes del Mundial de Fútbol de la FIFA en 2026, lo que incrementará el flujo de visitantes internacionales.
Actualmente, la solicitud de una visa estadounidense de turismo o negocios (categoría B-1/B-2) tiene un costo aproximado de 185 dólares, equivalente a S/656. Sin embargo, con la nueva tarifa de "integridad de visa" de 250 dólares, el monto total se elevaría a 435 dólares, es decir, cerca de S/1.544, lo que prácticamente duplica el costo anterior. En algunos casos, si se suman otras tarifas adicionales, como las asociadas a procesos acelerados o entrevistas prioritarias, el precio podría superar los 472 dólares (alrededor de S/1.675).
Para otras categorías, los costos también varían:
En el caso de estudiantes (categorías F y M) y visitantes de intercambio (categoría J), además de pagar los 185 dólares (S/656) por la solicitud de visa, deben abonar tarifas adicionales por el sistema SEVIS (Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio): 350 dólares (S/1.243) para estudiantes y 220 dólares (S/781) para visitantes de intercambio.
La ley también impone nuevas tarifas que afectan a diversos procesos migratorios. Por ejemplo, las solicitudes de asilo costarán 1.000 dólares, mientras que los trámites de libertad condicional humanitaria o TPS tendrán tarifas de 1.000 y 500 dólares, respectivamente. La residencia permanente (green card) asciende a 1.500 dólares, y las solicitudes de exención de inadmisibilidad o reapertura de casos fluctúan entre 250 y 1.050 dólares.
Además, se establece un pago anual obligatorio de 100 dólares mientras el caso de asilo esté pendiente, sin posibilidad de exoneración. La norma también reduce la duración de los permisos de trabajo para personas con TPS, asilo o libertad condicional, y fija una tarifa de 550 dólares por cada solicitud de autorización laboral, que deberá renovarse cada seis meses.
Grupos y defensores de migrantes han calificado estas medidas como “uno de los marcos migratorios más restrictivos en términos económicos en la historia moderna”, aduciendo que encarecen el proceso y bloquean vías legales de entrada para sectores vulnerables, incluidos estudiantes y trabajadores con recursos limitados.
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