El Gobierno de Dina Boluarte ha propuesto que Pedro Cartolín, juez supremo provisional de la Corte Suprema, ocupe el cargo de contralor general de la República, reemplazando a Nelson Shack.
Esta nominación se realizó mediante una resolución suprema con el respaldo de los titulares del Ministerio de Defensa y Ministerio de Economía y Finanzas.
Pedro Cartolín, nominado para ser el próximo contralor general, tiene una amplia trayectoria en el sistema judicial peruano. Como jurista profesional, Cartolín posee una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, y su carrera incluye roles como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la misma corte.
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Su experiencia no solo se limita al ámbito judicial, ya que también ha participado en el entorno académico y de formación profesional. Cartolín se ha destacado por su papel en la Academia de la Magistratura y por su involucramiento en la implementación de sistemas de informatización judicial. Además, ha servido como árbitro ante el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y como asesor en el Congreso de la República.
La propuesta para que Cartolín asuma como contralor general ahora debe pasar por un proceso de evaluación en el Congreso, donde se revisará su idoneidad para el cargo mediante entrevistas y consultas.
Se requiere la aprobación de más de la mitad de los legisladores para confirmar su nombramiento. Una vez aprobado, Cartolín sería oficialmente designado, ratificado y juramentado, asumiendo formalmente sus funciones.
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El actual contralor general de la República, Nelson Shack, salió en defensa de la presidenta Dina Boluarte, aclarando que los funcionarios públicos no están obligados a reportar cada artículo de lujo personal, como joyas o relojes, en sus declaraciones juradas de bienes y rentas. Esta declaración surge en respuesta a las críticas recibidas por Boluarte por utilizar relojes de alta gama en diversos actos públicos.
Shack recordó que durante el periodo en que Boluarte se desempeñó como ministra en el Gobierno de Pedro Castillo, la Contraloría llevó a cabo una revisión de su patrimonio sin hallar desbalances o irregularidades. Sin embargo, la controversia ha continuado en el ámbito político, particularmente en el Congreso.
El congresista Jaime Quito expresó su desacuerdo con Shack, instando al Ministerio Público a investigar a la presidenta por los bienes no declarados. Quito argumenta que, a diferencia de la flexibilidad mostrada hacia Boluarte, a él y a otros les exigen declarar exhaustivamente sus posesiones. “Si no ha declarado, ahí hay un delito y se tiene que ver cómo ha obtenido esos fondos", señaló Quito, refiriéndose a la compra de los relojes.