Auditores intervienen proyecto de la PCM que contrató a aliada de Oscorima
Por el caso de los relojes Rolex, la Contraloría también ingresó en las oficinas del Organismo de Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE) para revisar las adjudicaciones de los gobiernos regionales de Ayacucho y Cusco.
La República en GoogleEl 23 de febrero de este año, el Proyecto Especial Legado, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, adjudicó el proyecto de construcción de un comedor en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) por S/22,4 millones al Consorcio Bicentenario. La representante del consorcio ganador es Esperanza Rojas Gutiérrez, cuyo partido lanzó la candidatura del ahora gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Pero, además, Rojas fue contratista del gobierno regional ayacuchano durante la pasada gestión de Oscorima.
Esta es una de las razones por las que el viernes la Contraloría General de la República intervino la sede del Proyecto Especial Legado. También porque días antes de conceder el contrato al consorcio de Esperanza Rojas, el 8 de febrero, los miembros del Comité de Selección denunciaron a su presidente, Javier Villanueva Loyola.
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De acuerdo con una investigación de La República, la acusación por escrito indica que los integrantes del comité informaron a las autoridades del Proyecto Especial Legado, que Javier Villanueva les pidió orientar a favor de una empresa el proyecto de construcción del comedor de la UNSCH. Villanueva fue destituido y despedido.
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Después que este diario publicó el caso el lunes 22 de abril, Javier Villanueva fue citado por Legado para declarar sobre la gravísima imputación que este niega. Pero la acusación existe, y luego de la misma, Esperanza Rojas obtuvo el millonario contrato.
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No es el único incidente relacionado con el proyecto que le fue otorgado a la aliada política de Wilfredo Oscorima. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), cuestionó el proceso de selección de Legado al advertir anomalías que supuestamente favorecían al contratista, es decir, Esperanza Rojas.
Esperanza Rojas fue contratista del gobernador ayacuchano Wilfredo Oscorima.
LO DE SIEMPRE
Cuando se destapó que la amiga de Oscorima ganó el contrato de S/22,4 millones, el Proyecto Especial Legado señaló que adjudicó el contrato según lo indicado por OSCE. Pero esta entidad lo negó y afirmó que la contratación del consorcio de Esperanza Rojas, era de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de Legado.
Por este motivo, la Contraloría también intervino en las oficinas del OSCE, para determinar qué acciones adoptó en el caso de las contrataciones del Proyecto Especial Legado, que tiene a su cargo la ejecución de los proyectos para la realización de los Juegos Bolivarianos 2025, cuya sede será Ayacucho. Como se ha indicado, OSCE detectó al principio anomalías en la licitación para la construcción del comedor y anuló el proceso. Pero el sospechoso caso no fue de conocimiento de la Contraloría, hasta que la prensa lo difundió.
Las intervenciones en las instalaciones al Proyecto Especial Legado y del OSCE, son complementarias a las incursiones a las sedes de los gobiernos regionales de Ayacucho y Cusco.
ENTRE PAISANOS
Como es de público conocimiento, el gobernador ayacuchano Wilfredo Oscorima es investigado porque supuestamente prestó relojes Rolex de su propiedad, tanto a la mandataria Dina Boluarte como al gobernador cusqueño Werner Salcedo.
Los auditores de la Contraloría ejecutaron las operaciones en los gobiernos regionales de Ayacucho y Cusco para recoger evidencia documental sobre el financiamiento desde el Gobierno Central de proyectos de infraestructura. Y si las transferencias de recursos coinciden cronológicamente con la exhibición de los Rolex por parte de Boluarte.
Como parte de la auditoría que aplica la Contraloría, ha requerido al Proyecto Especial Legado como al OSCE toda la información referida a las contrataciones, acuerdos, convenios, consultorías y otros, con los gobiernos regionales de Ayacucho y Cusco.
La indagación incluye la revisión de las contrataciones o adjudicaciones que han concedido los gobernadores Oscorima y Salcedo, ante la eventualidad de que hayan coordinado para favorecer a determinados proveedores.
