
En un reciente megaoperativo realizado en La Molina, siete presuntos miembros de la organización criminal, conocida como Los Elegantes de San Juan de Lurigancho fueron arrestados. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), esta banda está implicada en una serie de usurpaciones de inmuebles, particularmente en zonas donde los propietarios carecen de documentos legales para demostrar su posesión.
La PNP estima que el valor de los bienes usurpados por esta red asciende a unos 15 millones de dólares.
El operativo se llevó a cabo en las primeras horas del día y fue dirigido por el comandante Manuel Peña, jefe de Operaciones de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac). Durante la intervención, se identificaron alrededor de 150 víctimas que denunciaron ser despojadas de sus propiedades. Los detenidos enfrentan cargos por participar en actividades criminales asociadas a la usurpación agravada de inmuebles.
Los Elegantes de San Juan de Lurigancho, según investigaciones, operaban principalmente en este distrito, y buscaban propiedades cuyos dueños no tenían la documentación adecuada. Utilizaban diversas tácticas ilícitas, como la simulación de contratos de compraventa y la utilización de empresas ficticias como Canto Grande S. R. Ltda. y Canto Grande S. A. C.
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Una vez que un inmueble era identificado, los miembros de la banda procedían a registrar la propiedad a nombre de testaferros, quienes luego presentaban demandas de desalojo alegando la condición de ocupantes precarios.
El líder de esta organización, de acuerdo con la PNP, es Sandro Enrique Antenor Herrera Granda, quien además se desempeña como gerente de Canto Grande S. R. Ltda.
Las autoridades indican que Herrera Granda y sus asociados empleaban influencias dentro del sistema judicial para facilitar los desalojos de manera expeditiva, a menudo sin la debida verificación de los jueces. Esto resultó en múltiples denuncias y una considerable acumulación de riquezas ilícitas desde el inicio de sus operaciones en 2016.
Este caso ha resaltado la importancia de fortalecer los mecanismos de control y revisión dentro del sistema judicial para prevenir la manipulación de procesos legales y proteger los derechos de los legítimos propietarios de inmuebles. Las investigaciones sobre el alcance total de las actividades de esta red criminal continúan, mientras las autoridades buscan determinar la conexión de otros posibles cómplices dentro y fuera del sistema judicial.
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Ante una estafa, es crucial actuar con prontitud y seguir una serie de pasos para protegerse y ayudar a prevenir que otros caigan en la misma trampa. El procedimiento que sugieren las autoridades es el siguiente:

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