Solo durante el año 2022, un total de 146.575 hectáreas (ha) de bosques amazónicos se perdieron en el Perú, una cifra que representa un 6% más respecto del año anterior. Para darnos una idea de la magnitud de la situación, el Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente (Minam) revela que todo ello equivale a perder once veces el distrito de San Juan de Lurigancho, uno de los más extensos de Lima.
El último Informe Oficial del Programa Nacional de Conservación de Bosques, publicado a través del portal Geobosques, detalla que la mayor deforestación está relacionada con la agricultura. La pérdida de bosques acumulada entre el 2001 y el 2022 es de 2.921.137 hectáreas.
El informe explica que la pérdida de bosques en estas extensiones está básicamente asociada a la agricultura:
Estas cifras cobran relevancia este 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques. Las autoridades buscan sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia y la necesidad de conservar y proteger la Amazonía al ser el hábitat de cientos de especies de flora y fauna, así como pueblos originarios con conocimientos ancestrales.
Los bosques son afectados a pesar de que son de vital importancia para mitigar el impacto del cambio climático, regular el ciclo del agua, purificar el oxígeno y que sirven para proveer de madera, frutos y medicinas. A continuación, las regiones del Perú que acumulan el 86% de la deforestación en la Amazonía durante el 2022:
No obstante, el cultivo no es la única causa de la deforestación. Las cifras revelan que Amazonas (49%), San Martín (36%) y Loreto (33%) son las regiones que presentan un mayor incremento de desaparición de sus bosques en relación con el 2021, debido a la expansión de actividades ilícitas, como las siguientes:
Mariano Castro, director de la iniciativa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú), hace una lectura de las cifras y refiere que este es el resultado del "deficiente desempeño del país sobre políticas".
Sostiene que, para evitar la pérdida de bosques, tanto los ministerios como los gobiernos regionales deben revisar la información recientemente publicada, además de contrastarla con las políticas y acciones que han adoptado. Asimismo, sostiene que la participación de las organizaciones sociales y productivas también debe tomarse en cuenta.
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