Por Luis Velásquez y Luis Alvarez
El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, y el alcalde del distrito de Machupicchu, Elvis La Torre, detallan que el día de hoy martes se instalará una mesa técnica para el diálogo. Por su parte, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, advirtió que se han recibido informes sobre la identificación de los manifestantes a quienes podría aplicarse el decreto legislativo 1589.
Según un comunicado emitido ayer a las 10 p.m., una comitiva con tres ministros (Cultura, Turismo y Ambiente) estará en Cusco a las 7 a.m. y se instalaría la mesa en Machupicchu a las 9 a.m. El viaje se haría en helicóptero. Esto con el fin de menguar el conflicto y llegar a un acuerdo justo entre ambas partes.
Por otro lado, cabe resaltar que el decreto legislativo 1589 establece penas de hasta 15 años de prisión por el delito de disturbios, así como para los que atentan contra la integridad y la vida de las personas o la propiedad pública o privada y colaboren en actos que causen graves daños a la infraestructura del país.
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Las advertencias de Urteaga se dan poco después de conocerse los reclamos de turistas extranjeros quienes, a través de las redes sociales, denunciaron estar “secuestrados” desde hace dos días en Machupicchu pueblo, sin tener acceso a alimentos ni agua. Una visitante aseguró que le negaron la venta directa de boletos de entrada a la maravilla mundial, pero luego se los ofrecieron fuera de registro, a tres veces el precio normal y solo por medio de un pago en efectivo.
En esa línea, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que el Gobierno no va a desistir en su decisión de establecer un “esquema moderno y transparente de boletaje electrónico” para el ingreso al santuario de Machu Picchu. Acto seguido, denunció la existencia de una mafia formada alrededor de la venta de entradas a la ciudadela inca que ha venido funcionado de manera ilegal desde hace años.
“Un grupo de tres ministros, liderados por la ministra de Cultura, vienen haciendo todos los esfuerzos por romper con una mafia que ha venido mal utilizando este tema de las entradas y no vamos a dar un paso atrás en la necesidad de cambiar este modelo de corrupción que ha venido funcionando ilegalmente desde hace muchos años”, expresó Otárola.
Y reiteró que la toma de carreteras o vías de acceso al patrimonio de la nación se encuentra penado a través del DL nº 1589, con una sanción de entre 10 y 15 años de cárcel.
La ministra Urteaga, en tanto, señaló que “es indignante, preocupante y da mucha lástima, porque es producto de unos pocos que quieren seguir sacando provecho de nuestro patrimonio cultural, a través del mercado negro de los boletos a Machu Picchu”.
Mientras tanto, las operaciones ferroviarias entre las estaciones de Ollantaytambo-Machu Picchu-Hidroeléctrica y viceversa,fueron suspendidas hasta nuevo aviso, según señalaron la empresas Ferrocarril Trasandino S.A., y PeruRail, tras reiniciarse las protestas.
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Las organizaciones que protagonizan las protestas pidieron al sector Cultura que cierre la ciudadela inca por la seguridad de los turistas que ingresan por la ruta amazónica a pie, y a su vez responsabilizan a algunas agencias de turismo que los llevan por dicho camino.
Requisito. El llamado Colectivo Popular de Machupicchu y Alrededores puso como condición para iniciar el diálogo anular el contrato que firmó el sector Cultura con la empresa Joinnus para la venta virtual de entradas a Machu Picchu.
Cierre temporal. También exigen el cierre temporal de la ciudadela como medida de protección de los turistas que ingresan al sitio a través del Camino Inca.