Evalúan prisión preventiva para indígenas investigados por rotura del Oleoducto Norperuano

La Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada, que despacha Lucio Sal y Rosas, viene evaluando el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra siete indígenas kukamas de las comunidades de San Pedro, Nueva Esperanza y Nueva Alianza, en la provincia de Loreto. Ellos son investigados por presuntamente pertenecer a una organización criminal que se coludía para hacer cortes en el Oleoducto Norperuano con el propósito de favorecerse económica y laboralmente.

Se trata de los comuneros de San Pedro: Giner Panduro Castillo (presidente comunal), Luis Panduro Castillo, Geiner Panduro Ochavano, Norvil Panduro Castillo y Jimmy Panduro Saurino. Además, también son acusados Warren Coral Hualinga, presidente de la comunidad Nueva Alianza; y Elías Isuiza Sifuentes, teniente alcalde de la comunidad Nueva Esperanza.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La abogada Verónica Shibuya manifestó que la acusación contra sus patrocinados se ha elaborado con base en la declaración de cinco testigos protegidos, cuyos testimonios no han sido corroborados con medios de prueba fehacientes. Además, apuntó que hubo irregularidades durante la detención de los nativos, el 4 de octubre. Dos días después, fueron trasladados a Lima.

PUEDES VER: Congreso: archivan proyecto que afecta a pueblos no contactados

“Ellos no han sido notificados en el acto de la intervención, llegaron a Iquitos sin saber el motivo de su detención. El ingreso a sus viviendas para proceder al allanamiento fue de manera violenta. En Iquitos, no les permitieron hablar con los abogados, pese a que en ese instante se estaba elaborando las actas de intervención. El juez también ordenó, en esa diligencia, que el apu de San Pedro, Dimer Panduro Castillo, pase por revisión médica por sufrir de hipertensión, y no se hizo”, cuestionó Shibuya.

La portavoz del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) agregó que la denuncia fue interpuesta por representantes de la empresa nacional Petroperú en el 2016 y que, en el 2018, el fiscal pidió su archivamiento. Sin embargo, ante la apelación de Petroperú, se decidió reabrir la investigación.

“Hasta el momento, no se ha encontrado absolutamente nada que comprometa a los comuneros en esta investigación. No hay registro de llamadas, no hay mensajes, nada, solo la sindicación de cinco personas de quienes desconocemos sus verdaderas intenciones. Por eso, la prisión preventiva es absurda porque no existe elementos de convicción que vincule la responsabilidad penal de los investigados de manera indistinta ni conjunta”, afirmó la abogada.

PUEDES VER: Cultivos de hoja de coca afectan a 24 pueblos indígenas

La lectura que Verónica Shibuya le brinda a toda esta situación es que el Estado busca de alguna manera enlodar el trabajo que está haciendo, sobre todo, la comunidad de San Pedro. Al respecto, este lugar cuenta con una medida cautelar concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a los impactos del derrame de petróleo en el 2014.

“Esa medida cautelar se ha estado aplicando a lo largo del tiempo. Es una comunidad que tiene atención en salud con un plan para personas con metales pesados en el cuerpo. Está trabajando en la identificación de sitios de remediación ambiental y en proyectos productivos para acceder a alimentación sin contaminantes. Entonces, que vayan a la comunidad y saquen a un grupo de comuneros da a entender que ellos han provocado los derrames y que a raíz de esa provocación han ido por un recurso en un foro internacional. Eso nos preocupa porque demostraría que el Estado no quiere implementar el cien por ciento de las medidas cautelares”, señaló.

En tanto, la Policía ha concluido con el informe general y el jueves presentó el documento ante la Fiscalía de Criminalidad Organizada. De esta manera, los siete comuneros kukama ya pasaron de la Dirincri a la sede del Ministerio Público, donde se evalúa el pedido de prisión preventiva de 36 meses contra ellos.