El viernes 15 de septiembre, una granada explotó en el interior de la discoteca Xanders, en San Juan de Lurigancho. El atentado dejó decenas de heridos y recordó el alto nivel de inseguridad que sufre este distrito. Tras el siniestro, menos de 24 horas después, el Consejo Metropolitano autorizó a Rafael López Aliaga solicitar al Ejecutivo la intervención de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en zonas específicas donde prime la delincuencia. Ante ello, la Defensoría del Pueblo rechazó esta iniciativa.
"Las Fuerzas Armadas pueden asumir roles conforme a la institución y la ley cuando se da estado de emergencia y, básicamente, va dirigido al cuidado de instalaciones estratégicas, pero de ningún modo en temas que impliquen inseguridad ciudadana", explicó el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, a este medio.
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La razón reside en que, en primer lugar, el combatir la delincuencia no es el rol constitucional asignado para las FF. AA.; y, en segundo lugar, porque dicho personal no está capacitado para este tipo de criminalidad. "Las FF. AA. no tienen ninguna especialidad relativa a temas de control de delincuencia, salvo de casos de terrorismo o narcotráfico. En otro tipo de acciones criminales, no tienen ningún tipo de preparación, no están capacitados", anotó Castillo.
Sin embargo, por medio de un comunicado de prensa, la MML precisó que dicho "pedido se sustenta en el Decreto Legislativo 1095, que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en casos constitucionalmente justificados, como es la preservación de la vida y los bienes de la población". Asimismo, justificó la medida al alegar que la Policía Nacional del Perú (PNP) no se da abasto para combatir la delincuencia y el sicariato.