El Poder Ejecutivo ha presentado una norma, la cual está siendo cuestionada porque atenta contra la libertad de expresión. La iniciativa plantea la modificación de la disposición del punto 3.1.2, inciso C, en el Código Penal, que criminaliza a los medios de comunicación y periodistas que informen sobre protestas sociales contra el Gobierno.
De esta manera, la presidenta Dina Boluarte envió este documento al Parlamento, en el que se lee: "Los instigadores serían creadores de contenido, usuarios de redes sociales, periodistas y medios de comunicación que informen o compartan datos sobre convocatorias a protestas sociales". Además, se menciona: "Sancionar a los instigadores del delito de disturbio (…), ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación, incluso de funcionarios públicos y de comunicadores, que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas, incluso, incitando a la violencia".
En esta nota de La República te informamos qué organizaciones se han manifestado en contra de esta modificatoria y qué argumentos presentan.
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Diversas organizaciones han manifestado su claro rechazo a la modificatoria del Código Penal peruano, pues atenta contra la libre expresión y la libertad de prensa:
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El Consejo de la Prensa Peruana señaló: "La propuesta del Poder Ejecutivo abre la puerta a que se procese arbitrariamente, bajo la figura de instigadores de disturbios, a ciudadanos —incluyendo periodistas— que informen o compartan información sobre protestas". Por ello, ha pedido el retiro de dicha propuesta, puesto que, según expertos, se "estaría criminalizando el ejercicio de un derecho constitucional".
Por su parte, la Sociedad Interamericana de la Prensa manifestó su rechazo y a través de su presidente, Michael Greenspon, argumentó: “En las sociedades democráticas, las libertades de prensa, expresión, reunión y protesta son derechos de acción individual y colectiva”. Asimismo, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP añadió: “La modificación del Código Penal daría legitimidad a la criminalización de periodistas en Perú, quienes podrían ir a la cárcel por la cobertura de actos sociales que las autoridades consideren como disturbios”.
En esa misma línea, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Zuliana Laínez, expresó a La República: "Esto va a generar censura. Criminaliza la actividad informativa y pretende poner una mordaza a los periodistas y ciudadanos para que no puedan informar siquiera de las convocatorias a marchas".