Sociedad Interamericana de la Prensa condena reforma contra libre expresión en protestas

Alerta y condena públicas. A través de un comunicado, la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) rechazó las reformas que buscarían penalizar y limitar el libre ejercicio de la prensa por informar acerca de protestas sociales que deriven en disturbios en Perú.

Se trata de una medida presentada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, como parte del pedido de facultades legislativas, y que se encuentra en la Comisión de Constitución y Reglamento, liderada por la congresista de Fuerza Popular Martha Moyano.

El punto que también ha generado el rechazo del Consejo de la Prensa Peruana, y ahora de la SIP, es el 3.1.3 inciso C. En ese apartado, el Poder Ejecutivo plantea modificar el Código Penal incluyendo a funcionarios públicos y comunicadores como incitadores de violencia por convocar a marchas de protesta.

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De esa manera, esa reforma busca “sancionar a los instigadores del delito de disturbio […], ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores, que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas, incluso, incitando a la violencia” (sic).

Según el presidente de la SIP, Michael Greenspon, quien también es director global de Licencias e Innovación de Impresión del diario The New York Times, refirió que restringir ese tipo de acciones individuales atentaría “de forma flagrante” contra las convenciones internacionales sobre derechos humanos.

“En las sociedades democráticas, las libertades de prensa, expresión, reunión y protesta son derechos de acción individual y colectiva”, precisó.

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Por otro lado, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, fue enfático al señalar que, de aprobarse estas medidas, se criminalizaría el ejercicio periodístico en Perú.

“La modificación del Código Penal daría legitimidad a la criminalización de periodistas en Perú, quienes podrían ir a la cárcel por la cobertura de actos sociales que las autoridades consideren como disturbios”, alertó.

De esa manera, ambas autoridades de la prensa de las Américas instaron al Gobierno peruano a retirar dicho proyecto “por cercenar derechos que están contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos”, arraigados en las sociedades democráticas.

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Doble discurso

En el documento del predictamen 5632/2023-PE, elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Constitución, se reconoció el peligro de la propuesta de reforma; sin embargo, no se retiró la iniciativa.

“Tal como está redactado el inciso analizado, podría permitirse la emisión de decretos legislativos que afecten la libertad de expresión, la libertad de reunirse pacíficamente u otro derecho fundamental reconocido en la Constitución Política del Perú”, reconoció la Comisión de Constitución.

Dan carta blanca a la criminalización

Si bien la Comisión de Constitución es consciente de los peligros a las libertades individuales y derechos humanos que esta modificatoria implica, solo ha sugerido precisiones.

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“Esta comisión cree urgente una legislación para sancionar al instigador que invoque a la vulneración de derechos de otras personas o la destrucción de bienes públicos, que finalmente son de todos los peruanos. Por ello, esta comisión está de acuerdo con la urgencia de la medida, siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de las personas”, se lee en el documento que emitió dicha comisión liderada por Martha Moyano, de Fuerza Popular.

Rechazos

Consejo de la Prensa Peruana. “Abre la puerta a que se procese arbitrariamente, bajo la figura de instigadores de disturbios, a ciudadanos, incluido periodistas”.

IPYS. “Es una herramienta de amedrentamiento contra la prensa”.