Libertad de prensa en Perú es la más "deteriorada" de Latinoamérica, según Reporteros sin Fronteras
Organización identificó en Lima la predominancia de "una línea editorial que apoya la coalición autoritaria gobernante desde diciembre de 2022".
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Indagación. Una nueva publicación de Reporteros sin Fronteras (RSF) sobre el índice de libertad de prensa en 180 países da luces sobre el estado del oficio en el Perú. La organización internacional sin fines de lucro sitúa a la nación gobernada por Dina Boluarte en el puesto 110. Es el territorio latinoamericano más deteriorado del 2022 al 2023, con una caída de 33 posiciones. El año pasado logró 61,75 puntos sobre 100. Esta anualidad retrocedió hasta 52,74.
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RSF advierte de la predominancia en Lima de "una línea editorial que apoya la coalición autoritaria gobernante desde diciembre de 2022". Algunos medios de comunicación antes fiables, sostiene, ahora deciden desinformar. En cambio, la investigación periodística "avanza en sitios digitales sin ánimos de lucro, pero es una excepción en los medios comerciales".
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Si bien Reporteros sin Fronteras admite la supuesta garantía a la libertad de expresión escrita en la Constitución de 1993 y demás normas en favor de los periodistas, señala que la propuesta del Gobierno "para proteger la cobertura" durante las últimas manifestaciones antigubernamentales, más bien "vulnera la libertad de prensa". Organismos independientes como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —mediante su relator especial Pedro Vaca— se opusieron al "Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público".
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Descrédito
RSF identificó la pérdida de credibilidad de los medios tradicionales desde el 2020 y postuló posibles causantes: la difusión de "informaciones pseudocientíficas durante la pandemia y la desinformación durante la campaña presidencial y el estallido político-social de 2022-2023". También admitió de la estigmatización contra los "manifestantes que participaron en el estallido social de diciembre, calificándolos como terroristas".
Sobre la represión, advirtió el "uso excesivo de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú contra los periodistas que documentan detenciones arbitrarias, muertes y golpizas", durante el resquebrajamiento del tejido social. Los militares "también participan en operaciones de desinformación y hostigan a reporteros no afines a su línea".
