Desde los 7 años, Mila era abusada sexualmente por su padrastro, Lucas Pezo Amaringo. Ahora la menor tiene 11 años y producto de estas agresiones está embarazada con 18 semanas. A pesar de ello, una junta médica del Hospital Regional de Loreto le negó el acceso a un aborto terapéutico y además fue separada de su madre. Debido a ello, diferentes organizaciones internacionales, como la ONU, UNFPA y Unicef, instaron al Estado peruano a que reconsideren esta decisión, pues se trataría de un caso de violación de derechos humanos.
El tiempo es importante porque el límite establecido por los protocolos para abortos terapéuticos es de 22 semanas.
Ante esta presión, hace dos días, el Ministerio de Salud (Minsa) trasladó a Lima a la niña para que se revalúe su caso con una nueva junta médica, que estará bajo su supervisión.
Asimismo, ayer el Poder Judicial expresó su rechazo ante la negativa de otorgar el aborto terapéutico a Mila e indicó que la maternidad forzada que deriva de una violación sexual constituye una forma de tortura que atenta contra salud integral de la menor. De igual forma, la Asociación Peruana de Mujeres Juezas también se pronunció en contra de este suceso y exigió a los establecimientos de salud “actuar de conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos”.
Sin embargo, es preciso indicar que hace unos meses el PJ negó el pedido de prisión preventiva contra el padrastro de la menor y principal sospechoso de este caso, quien actualmente se encuentra libre.
Pero hay graves irregularidades. En conversación con este diario, la coordinadora de litigio estratégico de Promsex, organización que ejerce la defensa legal de la niña, detalló que a pesar de representarla, las autoridades a cargo no les han brindado toda la información necesaria sobre su caso. Por eso, exigen saber cuál es la situación actual de Mila, así como la de la nueva junta médica. “El Estado no se comunica”.
“No sabemos si ya está integrada la nueva junta médica que va a hacer las evaluaciones. Eso es importante porque, de acuerdo a la guía, la reconsideración debe hacerse en 24 o máximo 48 horas. Desde la denegatoria de ese derecho hasta ahora han pasado aproximadamente 5 días”, recalcó Isbelia Ruiz, de Promsex.
También señaló que cuando Mila fue trasladada a Lima tampoco se les notificó ni a ellas ni a su madre. Como se sabe, la Unidad de Protección Especial de Loreto, del Ministerio de la Mujer, aisló a la niña y a toda su familia en distintos albergues. Sin embargo, sus hermanos ya fueron entregados con su progenitora. “Si el Estado ya le regresó a sus otros tres hijos, ¿por qué no regresan a Mila con su madre?”.
De acuerdo con Alfredo Celis, vicedecano nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), además de las afectaciones psicológicas, las cuales serán nuevamente evaluadas con la segunda junta médica, también hay graves riesgos en su salud. “Su anatomía no está preparada para un parto, tendría que hacerse una cesárea (…) Un embarazo en una niña de 11 años tiene mayor riesgo de complicarse con hipertensión arterial o parto prematuro. También hay una afectación en la parte física”.
Agregó que se debe tener en cuenta que se trata de un embarazo “doblemente forzado” porque, primero, la gestación fue producto de un abuso sexual y segundo porque la entidad que debía brindarle una solución le dijo que no podrá interrumpir su embarazo.
Por otro lado, Andrea Querol, presidenta de CHS Alternativo, instó al Congreso a que, teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales, precise el marco legal para que se modifique la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico en el Perú y se amplíe en todos los casos de embarazo infantil producto de una violación sexual.
Para Javier Álvarez, representante de Unicef en el Perú, los casos Mila y Camila (una niña de Abancay a quien se negó un aborto seguro en el 2017) son paradigmáticos sobre el tema de la despenalización del aborto en el Perú y precisó que deben ser abordados con voluntad de diálogo y consenso, sin ideologizar la discusión.
Los especialistas insistieron en que la junta médica actual debe acelerar el proceso de evaluación de Mila, dado que la el procedimiento del aborto terapéutico solo se puede dar hasta la semana 22. Hoy, la menor está por llegar a la semana 19. “Cada día que pasa, cada segundo, es aumentar el riesgo a la niña”, aseveró la vocera de Promsex.
Luego de más de un mes de la denuncia por violación, el Ministerio de la Mujer instó a la Corte Superior de Justicia de Loreto a disponer “de inmediato” la detención preliminar de Lucas Pezo Amaringo, padrastro de Mila y principal acusado de haberla violentado sistemáticamente. “A pesar de la gravedad de la acusación, se encuentra libre con competencia restringida”, señaló.
El Mimp ayer separó a Lisbeth Mori, quien como directora de la Unidad de Protección Especial de Iquitos trató de convencer a la madre de la víctima para que esta no reciba el aborto terapéutico. “Seguirán las investigaciones”, precisó el Ministerio de la Mujer.
Enfoque. Isbelia Ruiz, Coordinadora de Litigio de Promsex
“No sabemos si ya está integrada la nueva junta médica para el caso Mila. Eso es importante porque, de acuerdo a la guía de aborto terapéutico, la reconsideración debe hacerse en 24 o máximo 48 horas”.
Enfoque. Alfredo Celis, Vicedecano del CMP
“Su anatomía no está preparada para un parto (…) Un embarazo en una niña de 11 años tiene mayor riesgo de complicarse con hipertensión arterial, parto prematuro. Hay una afectación física”.
Enfoque. Janet Tello, Jueza
“La Comisión de Acceso a la Justicia del PJ rechaza esa negativa. La maternidad forzada derivada de una violación sexual es insegura, atenta contra la salud integral de la menor y constituye una forma de tortura”.