El Comité de la ONU sobre los Derechos de los Niños ha concluido que el Estado peruano vulneró los derechos a la salud y la vida de una niña víctima de violación, al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal, además de criminalizarla por manifestar su voluntad de interrumpir el embarazo.
Se trata de una menor de 13 años que pertenece a una comunidad campesina de los Andes del Perú, en Apurímac. Tras conocer sobre su embarazo, ella fue llevada por un familiar a un hospital, donde no se prestó ninguna atención al deterioro de su salud mental, según los hechos relatados en la decisión jurídica emitida hoy martes 13 por el órgano de Naciones Unidas.
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Una ONG local ayudó a la víctima y, según la legislación nacional, solicitó un aborto terapéutico para ella. De forma paralela, la niña pidió la terminación voluntaria del embarazo al fiscal que investigaba el caso; sin embargo, no obtuvo respuesta del hospital ni de las autoridades judiciales.
Incluso, personal médico presionó a la niña para que continuara con el embarazo, llegando a presentarse en su casa con la Policía cuando esta no asistía a los controles prenatales. Tras un aborto espontáneo, ella fue acusada y condenada por autoaborto, a pesar de carecer de evidencias al respecto.
El Comité estableció que la falta de información sobre la terminación voluntaria del embarazo puso en riesgo la vida y la salud de la niña, puesto que no se tomó en consideración que ser víctima de violación por parte de su propio padre agravaba las consecuencias.
En su opinión, de ese modo el fiscal desviaba la atención de la investigación por violación y se centraba en reunir información sobre un supuesto aborto autoinfligido.
“Estoy consternada por la manera en que una víctima de violación e incesto de 13 años ha sido tratada por las autoridades”, dijo la presidenta del Comité, Ann Skelton, a través de un comunicado.
La conclusión de la instancia de la ONU es que la niña fue víctima de discriminación y fue tratada de ese modo por su edad, su género, su origen y su estatus social.
Además, ha pedido al Estado peruano que despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil y que garantice el acceso a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto para niñas embarazadas, en particular cuando su vida está en riesgo o han sido víctimas de violación o incesto.
Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.
Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).