Gobierno dice ante la ONU que hay una comisión que investiga muertes, pero aún no se ha instalado

El último 21 de abril, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte envió una respuesta institucional ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en la que intentaba mitigar la gravedad de las observaciones realizadas por el relator especial de derechos humanos en su visita a la capital. Para lograr este cometido, el Ejecutivo anunció que había adoptado una serie de medidas para el esclarecimiento de cualquier atentado a las libertades de protesta. Entre ellas mencionó el establecimiento de una comisión en el Congreso que investigue los asesinatos durante las marchas; sin embargo, hasta la fecha este grupo de trabajo no tiene ni los miembros definidos.

En la alerta emitida por la periodista Jackeline Fowks se advierte que en los puntos 37 y 38 del documento presentado por la gestión de la presidenta Boluarte ante la ONU se precisan las mociones que fueron planteadas en el Congreso por diversas bancadas de oposición para que se determinen las presuntas responsabilidades penales y políticas durante las protestas contra el Gobierno.

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"Previa admisión a debate fue aprobada la moción de orden del día que propone crear una comisión investigadora multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos (…) en contra de los ciudadanos y agentes del orden ocurridas desde el 7 de diciembre del 2022 en todo el territorio nacional, a consecuencia de la crisis política, por un plazo de 90 días calendarios", se dicta en dicho documento.

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Sin embargo, lo que el Ejecutivo propone como una garantía de que se están tomando acciones para lidiar con la crisis social que ha acumulado 49 asesinados en las marchas no es sino una comisión fantasma. Si bien fue aprobada en enero del 2023, hasta la fecha los intentos por conformarla y su instalación no se han dado.

Pese a que la propuesta fue aprobada hace más de tres meses, los avances de este grupo de trabajo son nulos. El ejemplo más claro de la inacción de ella es que hasta la fecha ni siquiera se han designado los congresistas que la conformarán y mucho menos se ha procedido con las diligencias preliminares para su instalación. De hecho, el último 3 de abril, la Junta de Portavoces volvió a omitir esta decisión y la dejó como pendiente en agenda.