Los familiares de los fallecidos durante las protestas del 9 de enero en Juliaca, ayer nuevamente se movilizaron. Hicieron un plantón frente al Ministerio Público para rechazar que las investigaciones sean derivadas a Lima, como dispuso la Fiscalía de la Nación a través del resolución Nº 790-2023-MP-FN.
La norma fue emitida el 31 de marzo, dispuso la creación de un equipo especial de fiscales para que se dedique de manera exclusiva a los delitos que hayan constituido violación de derechos humanos durante las manifestaciones sociales en el país.
“Las muertes han sido en Juliaca y en Juliaca se tiene que investigar”, arengaban los manifestantes. Pidieron que la Fiscalía Especializada en Derecho Humanos e Interculturalidad, instalada en esta localidad, continué con las diligencias del caso.
Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero, señaló que la carpeta fiscal aún no fue derivada a la capital de la República, y que junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han solicitado que las investigaciones se desarrollen en el lugar de los hechos.
Los agraviados sostienen que no se encuentran en posibilidades de viajar a Lima para rendir sus testimonios y cumplir con otras diligencias, por lo que presumen que se busca complicar las investigaciones y que estas se encaminen hacia la impunidad.
Según Wilmer Quiroz, uno de los abogados del referido colectivo, la Fiscalía de Derechos Humanos tiene programado hasta el 25 de abril el cronograma de declaraciones sobre el caso.