Sur. No hay marcha atrás. A partir del 4 de enero de 2023, las diferentes organizaciones sociales y gremiales de las regiones del sur del Perú retomarán con mayor fuerza la huelga indefinida, exigiendo el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte, adelanto de elecciones para el 2023, convocatoria a asamblea constituyente y la liberación de Pedro Castillo.
Este fue el acuerdo de los representantes y dirigentes de las diversas organizaciones sociales y gremiales de regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa, que asistieron a la reunión vía presencial y virtual el último miércoles 28 de diciembre, en el local de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa.
Asimismo, en el documento que suscribieron los dirigentes, se menciona que para lograr el triunfo de la plataforma de lucha se ha acordado reiniciar la huelga indefinida a partir del 4 de enero.
Se acordó conformar una Coordinadora Macrorregional del Sur con los representantes de la regiones mencionadas, así como fortalecer las coordinaciones con las organizaciones sociales de nivel provincial y distrital.
También se quedaron en preparar la marcha de los cuatro suyos hacia la ciudad de Lima. Se ha dispuesto coordinar nuevas formas de lucha a nivel nacional.
El dirigente de la zona baja de Ilave, Jimi Mamani, así como el presidente del Frente de Defensa de la Cuenca Coata y del lago Titicaca, Félix Suasaca, ratificaron la plataforma de lucha acordada en la reunión llevada a cabo el 28 de diciembre en Arequipa.
Félix Suasaca dijo que la única posibilidad de ingresar al diálogo es el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte y que se posibilite la conformación de un Gobierno transitorio para que pueda adelantar las elecciones.
“Esa señora, Dina Boluarte, debería pedir disculpas públicas al pueblo peruano por ser responsable de la muerte de 30 personas por la represión policial y militar. No podemos dialogar con ese Gobierno usurpador, quienes a punta de balas y bombas lacrimógenas pretende silenciar el clamor del pueblo”, dijo.
“La única salida sería la conformación de un Gobierno de transición, que adelante las elecciones al 2023 y este Gobierno interino empiece a resarcir y reparar los daños a las familias que perdieron a un ser querido por la represión policial y militar”, agregó.
Por otro lado, el jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona, dijo que en este primera etapa de la huelga de organizaciones sociales no hubo pérdida de vidas humanas. Se recomendó a las autoridades policiales y militares evitar un enfrentamiento que podría generar heridos y muertos.
Sin embargo, consideró que la segunda etapa de protestas a partir del 4 de enero podría agudizarse, por ello recomendó a las autoridades del Gobierno central atender la demanda del pueblo.