Fue otro día de marchas, proclamas y acciones violentas. Pese al despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional se siguieron registrando acciones de vandalismo en distintas regiones del país, como el incendio del local municipal de Espinar en Cusco y los ataques a los aeropuertos de la Ciudad Imperial y de Juliaca.
También hubo fuertes enfrentamientos en Arequipa, La Libertad y Apurímac. Las protestas se extendieron a 14 regiones.
En Arequipa, las principales instituciones como gobierno regional, municipios, dependencias del Poder Judicial, instituciones educativas, hospitales, entre otros, fueron resguardadas por personal de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero eso no impidió la movilización de cientos de personas que llegaron a la Ciudad Blanca desde distintos lugares de la región.
Ante la declaratoria del estado de emergencia por 60 días, en Arequipa más de 2 mil obreros de construcción civil marcharon en oposición a la medida, exigiendo el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
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En el Cusco se vivieron los episodios de mayor violencia, principalmente cuando un grupo de vándalos incendió la Municipalidad Provincial de Espinar.
Horas antes, el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco sufrió daños en los muros exteriores por parte de grupos violentos. Nuestro reportero Alexander Flores, de URPI-LR, informó de hasta 5 forados que se hicieron para ingresar y tomar el predio, lo que evitó la rápida acción policial.
“Nosotros, el pueblo campesino, exigimos la inmediata renuncia de la señora usurpadora, que ha hecho sus conversaciones con los del Congreso, que se han tomado sus fotografías sonriendo, estamos indignados, no vamos a dejar esto hasta el cierre el Congreso”, dijo Efraín Apaza, que llegó a la ciudad con ronderos de Paucartambo, Calca, Quispicanchis.
Otro dirigente, Alfredo Cornejo, llamó a la calma y aseguró que el vandalismo lo hacen los infiltrados. “Identificamos a varios ternas que fueron parte de los saqueos y vándalos o delincuentes contratados, eso desdice el reclamo justo del pueblo, pedimos calma, aquí no se trata de destruirnos entre hermanos, no avalamos la destrucción de las propiedades”.
Por la tarde, Inca Rail informó de la suspensión de operaciones ferroviarias hasta nuevo aviso, debido a las acciones que ponen en riesgo a los viajeros nacionales y extranjeros.
En tanto, en Juliaca enardecidos manifestantes intentaron tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac de esa ciudad, llegando a destruir parte de las rejas del cerco perímetro del terminal aéreo, por lo que fueron disuadidos por la policía con bombas lacrimógenas.
Un fuerte contingente de la policía se instaló en la pista de aterrizaje y zonas estratégicas del aeródromo para reforzar la seguridad y evitar un nuevo intento de toma de este establecimiento. En previsión se suspendieron los vuelos.
Otro grupo de vándalos quemó parte del peaje de Macusani, en la provincia de Carabaya, en Puno, durante las protestas.
Los pobladores de esta zona se declararon en paro desde el martes y bloquearon la carretera Interoceánica exigiendo la liberación de Pedro Castillo.
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En Huancavelica también hubo acciones de violencia cuando una turba atacó y prendió fuego a la subestación eléctrica de Colcabamba y otro grupo quemó la Fiscalía de Lircay.
En La Libertad aún persisten las protestas en los distritos de Virú y Chao, provincia de Virú; y en Laredo y Simbal.
Se sabe que más de 1.000 personas y 200 niños se deshidratan al permanecer varados los vehículos tres días en Chao.
En esta región, un general PNP informó de un fallecido más. Refirió que a la víctima le habría caído una piedra en la cabeza cuando manifestantes intentaban tomar el puente Chao. “Hay una persona que ha resultado muerta, no por acción de la policía ni por arma de fuego, se ha hecho la necropsia de ley, le ha caído una piedra”, indicó.
En Pisco e Ica, cientos de pasajeros siguen varados en las carreteras por el bloqueo y se espera que hoy las FFAA liberen las vías en esas ciudades.
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Pese al estado de emergencia, la jornada de hoy jueves puede ser una de las más preocupantes porque se ha programado una movilización a nivel nacional.
Por lo pronto, al Cusco llegaron cerca de 1.500 ronderos y en Arequipa, Andahuaylas, Puno, Cajamarca, entre otras, las diferentes organizaciones han confirmado que acatarán el paro convocado para exigir el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte.
En Tacna, colectivos y gremios confirmaron su participación en el paro nacional.
En el norte, la secretaria regional del Sutep Piura, Juana Ordinola, señaló que hoy realizarán una movilización en esta región y a nivel nacional pidiendo el adelanto de elecciones generales. En Chiclayo, la PNP decidió reforzar la seguridad en el aeropuerto José Quiñones, solo pueden ingresan los pasajeros.
Para un sector de la población en el interior del país, el estado de emergencia es sinónimo de represión y abuso, así lo manifestó Karina Bueno, de Aprodeh-Apurímac, quien agregó que hasta el momento “hay siete muertos en Andahuaylas y Chincheros, la población está cargando sola con el dolor de sus familiares asesinados y no vamos a soportar un muerto más. Boluarte se ha mostrado indiferente al dolor de nuestros hermanos y no tiene legitimidad para solucionar la crisis”.
Sostuvo que es necesario escuchar a la población que pide el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y asamblea constituyente, así como los reclamos históricos por las injusticias que vive. “Se tenía la esperanza de que se cambie, pero no se ha cristalizado y es comprensible la acumulación de rabia que se expresa en las protestas y movilizaciones”, señaló.
Consideró que el estado de emergencia es más violencia y represión, se quiere imponer un gobierno que no es legítimo y para eso quieren hacer uso de la fuerza. “Este sistema de emergencia que han implementado va a causar más represión y muerte”, apuntó.
Paro. La Coordinadora de Derechos Humanos indicó que la declaratoria del estado de emergencia agrava el riesgo de violaciones a los derechos humanos.
Comunicado. Las concesionarias LAP y Aeropuertos del Perú pidieron al Gobierno acciones de seguridad para pasajeros y trabajadores, y pidieron presencia “real, efectiva y suficiente” de la PNP y FFAA para preservar la infraestructura.