El asesinato a balazos de cinco barristas de Alianza Lima en Jesús María y Villa María del Triunfo, en la última semana, ha dejado a relucir que son insuficientes las medidas que se vienen implementando desde el 2016 para retirar a los delincuentes infiltrados en las barras del fútbol.
Y es que desde ese año, cuando se publicó el reglamento de la ley n.° 30037 que sanciona la violencia en eventos deportivos, se ha avanzado a cuentagotas. Para el exministro del Interior Rubén Vargas, la norma “se ha convertido en letra muerta, se ha quedado solo en el papel”.
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Eso es lamentable porque dicha ley ordenaba el empadronamiento de los barristas, lo cual debía ser un trabajo conjunto entre los clubes de fútbol y el Ministerio del Interior.
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Así, en el 2019 los resultados eran mínimos, ya que este proceso era voluntario y muy pocos aceptaban entregar su nombre, foto, domicilio, ocupación y equipo. Es más, ese año, la administración de Universitario de Deportes tuvo que pedir a sus barristas que se inscribieran porque ninguno lo había hecho.
Hoy, tras la llegada de la pandemia de la COVID-19, el Registro Único de Empadronamiento de Barristas (Ruebar) está desactualizado e incompleto, según fuentes de la Policía. Esto hace que no se pueda tener identificados a los revoltosos ni mucho menos saber si cuentan con antecedentes policiales, penales y judiciales. Tampoco se puede implementar el Registro de Personas Impedidas de Ingresar a Estadios.
La norma también prohibía a los clubes entregar entradas de cortesía para evitar las pugnas internas en las barras e impedía realizar concentraciones y desplazamientos en la vía pública, esto último tampoco se cumple.
La Comisión Nacional Contra la violencia en Espectáculos Deportivos -que nació con la ley n.° 30037- ha respondido que en los recientes crímenes han actuado delincuentes que se escudan en una camiseta y se aprovechan de la pasión del fútbol para cometer actos vandálicos que alejan a las familias. Estos hechos fuera de los estadios podrían hacer retroceder lo poco avanzado.
Este diario buscó conversar con líderes de la Trinchera Norte y el Comando Sur, pero solo tuvo éxito con uno de ellos.
Alan Loarte, integrante de la barra de Alianza Lima, precisó que el haber prohibido a los clubes de fútbol seguir regalando entradas a los barristas sirvió porque, de manera natural, se fueron quedando aquellos que solo podían pagarlas.
“Si bien no podemos negar que aún hay barristas radicales en Alianza Lima, siento que su presencia cada vez viene disminuyendo. Somos más los que no queremos violencia, los que queremos ganarles a los de la ‘U’ en el campo, con el aliento, el espectáculo, la fiesta en las tribunas; no quitándole la vida a alguien”.
Para el coordinador nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, este es el camino: se tiene que identificar y volver a trabajar con los líderes de las barras que convocan a 2.000 o 3.000 personas y que podrían cambiar su realidad.
“Las barras son un fenómeno social. La pobreza, la familia disfuncional, la ausencia de autoridades y la falta de educación son aspectos que acentúan la tradición de la barra brava y que deben entenderse para poder hallar soluciones”, explicó, por su parte, el sociólogo Aldo Panfichi.
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El regidor de Lima, Walter Oyarce Delgado, padre del hincha de Alianza Lima que fue lanzado en el 2011 desde un palco del Estadio Monumental, señaló que se debe identificar y volver a trabajar con los líderes de los barristas para que sean ellos mismos lo que limpien sus barras de los delincuentes. “Los que no quieran identificarse serán aquellos que actúan mal”.
Oyarce señaló que esta no solo es la violencia del fútbol sino de la sociedad. “Antes de que termine mi gestión en diciembre dejaremos listo el proyecto ‘Una Barra por Lima’, que unirá a las autoridades para hallar el bienestar emocional, social y económica de los barristas.
Para eso firmaremos un acuerdo con la alcaldía de Bogotá para intercambiar experiencias. Estoy seguro que el nuevo teniente alcalde Renzo Reggiardo continuará y concretará esta iniciativa”, concluyó.
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La Policía aún no halla a César Rodolfo Valle Meza (30), alias ‘Cesarín’ o ‘Chato César’, quien es sindicado de ser el autor del asesinato de tres barristas en Jesús María.
Para Walter Oyarce, este sujeto debe ser castigado para que no haya un mensaje negativo por la impunidad imperante.