El ataque fue decidido y atroz. Un sicario entró a la cochera donde también funciona un restaurante y acribilló al empresario Carlos Enrique Seminario Arteta (67). Ocurrió el 4 de agosto en el Cercado de Lima. Inicialmente, la policía pensó que la víctima era Alejandro Seminario Arteta, sindicado como presunto integrante de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
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Una semana antes, el 28 de julio, con una mecánica y un final semejante, fue asesinado el médico Miguel Pariona Castillo, a quien atacaron a tiros cuando se desplazaba en su camioneta también en el Cercado de Lima.
El 14 de agosto volvió a repetirse la secuencia: ataque, sangre y la muerte de dos personas que trabajaban realizando servicio de mototaxi. Jorge Eloy Brito Blas fue atacado a balazos en Ventanilla (Callao). En Comas asesinaron a Bryan Flores Chapoñan (25) cuando se hallaba en los exteriores de un local de comida rápida.
Esos tres casos, ejecutados con el típico sello del sicariato y vinculados de acuerdo a investigadores con disputas mafiosas, son apenas retazos de la historia criminal que se escribe en Lima.
De los 153 asesinatos por sicariato cometidos en Lima, 33 ocurrieron en enero, 23 en febrero; 28 en marzo; 21 en abril; mientras que en mayo, junio y julio se perpetraron 16 crímenes en cada mes. En San Juan de Lurigancho se reportaron 20, en Comas, 10; en San Martín de Porres, 8; en El Agustino, 8; y en Los Olivos y Ate, 7 cada uno.
Hace una década y media, en 2006, un número incluso menor, unos 60 homicidios, correspondía a un año entero.
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De enero a julio, la División de Homicidios y la Brigada Especial de Investigación contra la Criminalidad Extranjera (BEICCE) detuvieron a 51 extranjeros dedicados a cometer crímenes por encargo. También resolvieron 16 casos de sicariato y 33 homicidios. Asimismo, esclarecieron 5 feminicidios y desbarataron tres organizaciones criminales y 24 bandas.
El coronel Víctor Revoredo, jefe de esas unidades, hace una pausa en la conversación y aclara que cuando habla de delitos cometidos por inmigrantes, “siempre me refiero a delincuentes, no a personas que vienen a buscar mejores horizontes”.
Los delitos cometidos por extranjeros, sin embargo, son una tendencia que ha empezado a preocupar al Gobierno.
Las encuestas muestran una creciente sensación de inseguridad en la ciudadanía. El tipo de crímenes que se cometen son cada vez más violentos e incluso hay quienes manifiestan que el país vive “el peor momento en seguridad desde el retorno a la democracia”.
La inmigración de bandas que se han instalado en distintos puntos del país ha derivado en que cada vez se hable de forma más abierta del tema.
Y si bien es cierto que, en términos proporcionales, los inmigrantes cometen menos delitos que los peruanos, también hay grupos de delincuentes extranjeros que han extendido sus brazos por el país, cometiendo secuestros, extorsiones, sicariato, asesinato y mutilación de cuerpos, tráfico de personas, entre otros.
La escalada de violencia tuvo un inevitable impacto político que llevó a cambiar a seis ministros del Interior y a cuatro comandantes generales de la Policía.
En medio de la ola de homicidios y la alta sensación de inseguridad, se consumó además el quinto cambio en la jefatura policial en un año de gestión de Pedro Castillo y se dispuso además la salida del jefe de Estado Mayor y del inspector general de la Policía Nacional.
Detrás de un muerto hay muchos vivos: un sicario o un policía, un grupo de exterminio, un empresario o simplemente un chico que tomó una pistola que era fácil de disparar. Un investigador que se encuentra con la escena alterada. Un juez sobresaturado, abogados caros, cárceles hacinadas. Una madre, un hijo o una esposa que repetirá en su cabeza la secuencia de ese día una y otra vez.
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El médico psiquiatra Carlos Bromley sostiene que la crueldad toma características especiales en los sicarios que disparan a sus víctimas, los descuartizan, queman y filman para validar su hecho e inclusive acuden a sus entierros.
“Esto ocurre tanto porque están llenos de resentimiento, odio y maldad ocasionada por la frustración de vivir carentes de valores y principios; como por las características del ‘contrato’, de tener que asegurar la muerte de la persona y demostrar que su acción ha sido realizada”.
“La solución radica en construir una sociedad sana e igualitaria eliminando la discriminación y la distribución inequitativa de recursos, educar a nuestros hijos desde niños, reforzar las políticas públicas de seguridad ciudadana y finalmente ser empáticos entre nosotros”.