El presidente Pedro Castillo, a través de su mensaje a la nación este 28 de julio, anunció que se aprobó la continuidad de 59.166 trabajadores contratados bajo el régimen CAS-COVID, quienes pasarían a tener un contrato bajo la modalidad de CAS regular.
Este anunció se ampara en el envío de una autógrafa de Ley al Congreso de la República, el último 27 de julio. En ella se precisa que el objetivo es autorizar, excepcionalmente y por única vez, este cambio en el contrato del personal, a fin de “uniformar las condiciones laborales” del personal como una medida de garantizar el derecho al trabajo en igualdad de condiciones.
Pedro Castillo en su mensaje a la nación. Foto: Antonio Melgarejo/La República
De acuerdo al mandatario, esta medida permitirá aumentar la cantidad de profesionales contratados en el sector salud. Y pasar de 34.700 en 2019 a 40.600 en 2022.
A su vez, el jefe de Estado señaló que “se iniciará el proceso de nombramiento para 54.188 trabajadores de salud que se encuentran contratados en régimen del decreto legislativo 276 y CAS regular”.
“En el año 2023, en un hecho histórico, se llevará a cabo el nombramiento de más de 12,800 trabajadores de salud”, agregó el mandatario, en su mensaje a la nación.
La autógrafa alcanza al personal CAS-COVID que labora en los establecimientos del Ministerio de Salud, de los Gobiernos Regionales, Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y el Seguro Social de Salud (EsSalud). En conversación con La República, la exministra de Salud Patricia Garcia señaló que el Gobierno para lanzar esta oferta ha tenido que analizar las posibilidades “no solamente dentro de los establecimientos, sino también hospitalaria”.
En ese sentido, precisó que siempre faltan profesionales en la salud, pero esta propuesta se puede dar siempre y cuando se tenga un “buen planeamiento de fortalecimiento de los establecimientos de salud”. “No es que sobren personales de la salud, pero va a tener que verse cuáles van a ser sus roles, cómo van a cumplir su función y, sobre todo, tiene que haber continuidad, lo que significa crear una línea presupuestal que permita que el profesional se mantenga. Esto va a ser un gasto continuo permanentemente”, explicó.
La extitular de Salud también hizo hincapié en las plazas que existen en el sector salud e indicó que sí existen plazas tras la pérdida de personal durante la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, se debe analizar si existen plazas nuevas que pueden ocuparse, sea por la creación de nuevos establecimientos o por la demanda de los ya existentes. “Todo esto debe tener un análisis de la situación y la creación de un planeamiento, porque todo eso se constituye en una línea permanente presupuestal”, finalizó.
Más de 5.000 trabajadores de salud se verían perjudicados, en caso el presidente de Estado no promulgue la Ley 2204. Foto: Rosa Quincho-URPI/LR- Norte