El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que reestructura el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Esta decisión se traduce en un duro golpe a la reforma universitaria iniciada hace ocho años. Asimismo, es una “puerta falsa” para que las universidades no licenciadas regresen al juego con estandartes de calidad menos rigurosos. ¿Cómo se lograría? En esta nota te lo explicamos.
Se aprobó con 72 votos a favor, 39 en contra y 4 abstenciones. Foto: Congreso
La ley aprobada el reciente miércoles 13 de julio detalla que el Consejo Directivo de la Sunedu deberá contar con representantes de universidades públicas y privada, que serán elegidos por los rectores. El grupo se conformaría de esta manera:
Congreso de aprobó el proyecto de ley que busca la recomposición del consejo directivo de la Sunedu. Foto: Composición LR/URPI
De acuerdo a Jorge Mori Valenzuela, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES), esta reestructuración de la Sunedu haría perder imparcialidad y legitimidad a la institución. Sus miembros serían juez y parte en diversas situaciones. Incluso habría más posibilidades de que las universidades no licenciadas regresen a prestar sus servicios con menos estándares de calidad.
“Este es un primer paso (reestructuración de la Sunedu) para completar un plan mayor. El siguiente es aprobar el proyecto de ley del congresista de Acción Popular Darwin Espinoza que hace referencia a colocar estándares de calidad más bajos a las universidad privadas no licenciadas”, advirtió en conversación con La República.
En este momento hay 50 universidades con licencia denegada. 48 son privadas y 2 son públicas. Todas pueden presentarse al proceso de licenciamiento; sin embargo, al aplicarse esta ley se relajarán las exigencias porque entre los mismos representantes de las universidades decidirán el futuro de su regreso al juego.
La congresista y exministra de Educación Flor Pablo Medina indicó a La República que se ha perdido de vista que la Ley Universitaria fue hecha para democratizar la calidad de la educación.
“Lo que hay acá es claramente intereses económicos. Hay 46 universidades privadas que no se han licenciado. (…) La informalidad ha ganado, trayéndose abajo el corazón de la Ley Universitaria”, recalcó.
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Los estudiantes y docentes son los más afectados con las decisiones del Congreso respecto a la Sunedu. Por ejemplo, si uno tenía algún tipo de denuncia o queja contra su universidad, podía recurrir a la Sunedu para que en su independencia y autonomía decida sanciones. Ahora, cuando suceda esto van a tener a los mismos representantes de su universidad en el Consejo Directivo. La protección será mucho menor porque el organismo regulador tendrá conflicto de intereses. “Se van a cuidar entre ellos”, alegó Mori.
En la medida cautelar se ha solicitado la suspensión provisional del procedimiento parlamentario. Foto: John Reyes/La República
Afortunadamente, aún hay esperanza para revertir la contrareforma. La Sunedu presentó una acción de amparo al Segundo Juzgado Constitucional a fin de que resuelva a favor de la calidad universitaria. Por otro lado, el Foro Educativo recogió más de 10.000 firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para el mismo fin.
“Hay que transmitir la necesidad de generar una movilización que reúna a estudiantes, docentes y padres que están preocupados por la calidad educativa. Esto no termina aquí. En un futuro se pueden presentar iniciativas legislativas para corregir este despropósito que han hecho los congresistas contra la enseñanza de calidad de los jóvenes”, dijo Mori Valenzuela.
La parlamentaria Pablo, junto con un bloque pro reforma universitaria del Congreso, anunció que también tienen lista una demanda de inconstitucionalidad. Ella manifestó que universidades no licenciadas han presentado acciones de inconstitucionalidad, pero ninguna fue aceptada por el TC. Por ello, creen que el TC, teniendo en cuenta sus fallos previos, les dará la razón.
“El TC tiene sentencias a favor de la Ley Universitaria y a favor de una Sunedu autónoma. Creemos que ese antecedente tiene que primar en este análisis que deben hacer los nuevos integrantes del Tribunal”, agregó para La República.