El camino legal y constitucional para defender la reforma universitaria

Luego de que el Congreso consumara el miércoles el golpe contra la reforma universitaria tras ocho años de intentarlo desde distintas bancadas, los organismos y entidades que defienden el derecho a la educación superior de calidad anunciaron que redoblarán sus esfuerzos para revocar la norma que debilita a la superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y perjudica a más de un millón de estudiantes.

Por un lado, la Sunedu espera la respuesta de la jueza Milagros Grajeda Bashualdo, a cargo del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, sobre la demanda de amparo presentada contra la ofensiva del Congreso. Le quedan siete días para pronunciarse y dar un fallo, que el ente evaluador desea sea favorable a los intereses de los universitarios.

El procurador público de la Superintendencia, Mac Donald Rodríguez, señala que la jueza ‘’tiene todo el derecho y también el deber de pronunciarse, al margen de que (la ley) se haya aprobado por insistencia y en el escenario de que se pueda publicar en El Peruano’'.

Con la decisión de la jueza se podría revertir la norma que busca desmantelar el Consejo Directivo de la Sunedu, retirar la rectoría del Ministerio de Educación (Minedu) y dejar a las universidades públicas sin financiamiento; afectar la reorganización del Sineace, entre otros cambios negativos.

Pero además está el grupo de abogados independientes que son litisconsortes de la demanda, entre ellos el constitucionalista Luciano López. El martes último, López dijo que su apoyo no es hacia la superintendencia en sí, sino a favor de una educación de calidad.

En el caso de que se emita una sentencia adversa a la demanda, entonces la Sunedu y los litisconsortes podrán apelar a una segunda instancia para que la sala correspondiente vea el caso. Este tribunal contaría con tres jueces nuevos.

Pero esta no es la única acción de la Sunedu. Rodríguez indica que interpusieron una nueva medida cautelar el 6 de junio, porque la primera fue declarada improcedente, debido a “argumentos absurdos” de la jueza. El procurador también refiere que con “las cautelares (…) se busca que su efecto sea inmediato, entonces un mes ya es suficiente para haberse pronunciado”. Esta acción, en realidad, suele demorar de 15 a 20 días, pero los jueces han sido cambiados, anota.

Recurrirán al TC

Ahora bien, dentro del Congreso se ha formado el Bloque Pro Reforma Universitaria. Y una de las integrantes es la parlamentaria y exministra de Educación Flor Pablo, quien ya anunció que tienen lista una demanda de inconstitucionalidad, la cual será presentada ante el Tribunal Constitucional (TC), una vez que la contrarreforma sea publicada en El Peruano. Ella manifiesta que universidades no licenciadas han presentado acciones de inconstitucionalidad, pero ninguna fue aceptada por el TC. Por ello, creen que el TC, teniendo en cuenta sus fallos previos, les dará la razón.

“El TC tiene sentencias a favor de la Ley Universitaria y a favor de una Sunedu autónoma. Creemos que ese antecedente tiene que primar en este análisis que deben hacer los nuevos integrantes del tribunal’'.

A esta demanda se suma otra, del mismo tipo, de parte del Foro Educativo. Severo Cuba, presidente de la entidad, dijo que al contar con 10.000 firmas (se necesitaban 5.000) presentarán otra acción de inconstitucionalidad ni bien la ley sea publicada. Al igual que Pablo, Cuba señala que esperan coherencia por parte del TC respecto a las sentencias dadas antes sobre el mismo tema.

“Los ciudadanos lo que tenemos que hacer es mostrarles a las autoridades y, en este caso, a este grupo de jueces del TC, que tenemos esta voluntad (de luchar) y que estamos en los marcos de la legalidad, buscando que se corrija esta acción equívoca del Congreso’'.

Asimismo, la adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo (DP), Eugenia Fernán-Zegarra, anunció que presentarán una defensa —amicus curiae— al derecho fundamental que se vulnera: una educación universitaria de calidad. “Es reforzar, desde nuestra posición institucional, la idea de que se está amenazando el derecho de miles de jóvenes”. La DP realizará esta acción una vez que el grupo de congresistas y el Foro Educativo presenten sus demandas de inconstitucionalidad.

Sin embargo, para la abogada Rosa María Palacios no sería del todo seguro que el TC falle a favor de la educación de calidad, pues, refirió, se debe tener en cuenta cómo fueron elegidos sus miembros: por congresistas que votaron por esta ley.

“Intereses económicos”

En tanto, la congresista Pablo indica que se ha perdido de vista que la Ley Universitaria fue hecha para “democratizar la calidad de la educación’', ya que buscó que todos los estudiantes puedan tener un “piso básico de calidad universitaria”.

“Lo que hay acá es claramente intereses económicos. Hay 46 universidades privadas que no se han licenciado. (...) La informalidad ha ganado, trayéndose abajo el corazón de la Ley Universitaria”, enfatiza.

En ese sentido, Palacios también señaló que los ‘’hijos de familias que van a universidades caras” no serán perjudicados, pero sí, sobre todo, los de públicas de distintas regiones del país, ya que al retirarle la rectoría al Minedu, también se deja sin recursos a las universidades.

Añadió que se “construye un espacio de estafa para familias pobres”, que con mucho esfuerzo pagan pensiones de universidades privadas que, al final, no les brindarán una educación de calidad. La abogada también dijo que “tarde o temprano” se descubrirá el “negocio” de los parlamentarios que votaron a favor de la norma, impulsada por el congresista de Renovación Popular Esdras Medina y que tuvo el apoyo de Perú Libre, Fuerza Popular e incluso del Bloque Magisterial.

Este último grupo, que se supone es aliado del Ejecutivo, votó en bloque a favor de la ley, la cual fue observada por el Gobierno. Pese a ello, precisa Pablo, ni el presidente Pedro Castillo, así como tampoco el ministro de Educación, Rosendo Serna, se han pronunciado sobre el zarpazo del Congreso hacia la reforma universitaria. “Si bien hay muchas cosas por mejorar, no era justificación ni argumento para desmantelarla”, señala la congresista.

En caso de que el TC no falle a favor de la educación universitaria de calidad, Flor Pablo asegura que van a continuar con su lucha. “Vamos a seguir trabajando para encauzar la reforma. No se puede retroceder, se debe seguir fortaleciendo”.

Los efectos inmediatos de la ley

Jorge Mori, director de Cappes

Son principalmente cuatro efectos inmediatos (que trae la contrarreforma). El primero es que el consejo directivo de la Sunedu cambia en un plazo de 30 días, según lo que señala norma, y con eso ingresarían tres representantes de universidades.

Ahí, universidades públicas y privadas van a elegir a representantes, lo cual pone en riesgo la independencia del organismo regulador. Por otro lado, la Sunedu ya no va a poder licenciar programas específicos, como es el caso de medicina.

En tercer lugar, estamos en un momento de definición de la ley de presupuesto 2023, y que se le quite el rol rector y la posibilidad al Ministerio de Educación de que se financie a las universidades públicas es una afectación directa al presupuesto de las universidades del próximo año.

Ya no van a recibir un financiamiento para la mejora de calidad, que del 2016 al 2021 representó más de mil millones de soles. Y, en cuarto lugar, se reactiva sin ningún criterio técnico el Sineace, un organismo de acreditación que había fracasado hasta el 2014.

Reacciones

Oswaldo Zegarra, jefe de la Sunedu

“La Ley Universitaria marcó un antes y un después para la educación de miles de peruanos. Hoy, ocho años después, nos encontramos en un momento difícil para la reforma, con una Sunedu que pierde su condición de organismo especializado”.

Ricardo Cuenca, exministro de Educación

“Quiero referirme a un tema que no es menor. Se trata del liderazgo ausente del presidente Castillo (...). La bancada Bloque Magisterial, su bancada, no le hace caso. Ignoraron su opinión. No hicieron caso a su informe de observaciones”.

El dato

Con 75 votos del fujicerronismo y sus aliados, se rechazó la reconsideración a la votación que aprobó la ley que elimina la autonomía de la Sunedu. El pedido fue presentado por la congresista Heidy Juárez.

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