Carmen Heck Franco, directora de Políticas de la organización Oceana, resaltó como apremiante el impulsar una actualización de la ley de pesca, que se viene debatiendo en el Congreso, ya que la actual normativa es insuficiente para hacer frente a la depredación que impacta en la biodiversidad del mar peruano y afecta la principal fuente de ingreso de cerca de 80.000 pescadores artesanales, de los cuales un 35% habita en las regiones de Piura y Tumbes.
La especialista indicó que la normativa debe comprender un mandato específico para evitar la sobreexplotación y recuperar aquellos recursos que ya se han visto dañados por la extracción excesiva. Además, consideró necesario reclasificar la actividad pesquera para diferenciar la pesca artesanal, en la que predomina el trabajo manual, de la pesca de menor escala, que es realizada mediante embarcaciones con aparejos mecanizados que producen un impacto mayor en el ecosistema marino.
“Una tercera recomendación es la protección de las cinco millas, que estas tengan rango de ley para que sean realmente respetadas y no se permita el trabajo de las embarcaciones que utilizan aparejos mecanizados como el cerco y el arrastre”, explicó Heck Franco.
Por otra parte, la experta hizo especial énfasis en que ya se evidencian las consecuencias de la sobreexplotación en el mar peruano. “Si no hacemos los cambios, vamos a seguir viendo como decrecen los recursos pesqueros. No hace falta proyectarnos a un futuro lejano, se hace cada vez más evidente que estos escasean”, detalló. En esa línea, añadió que debido a la disminución del recurso se registra un aumento en el precio de las especies marinas.
Por último, la vocera de Oceana puntualizó que se vienen evaluando tres proyectos de ley en la Comisión de Producción del Parlamento. De estas iniciativas, rescató dos planteamientos: el tipificar como delito la construcción de embarcaciones ilegales, para poder realizar acciones de interdicción a los astilleros informales, y poner un límite a los regímenes de beneficios para el pago de multas.
“Para que el Ministerio de Producción no pueda aprobar regímenes de descuento, como el de hace unas semanas, donde se le descuenta a los infractores hasta un 90% del valor de la multa que se le ha impuesto. Este tipo de medidas, que en esta ocasión se han justificado por la pandemia, solo incentiva el incumplimiento de las normas”, finalizó.