Se cumplen 28 años de la creación de la Convención Belém do Pará, la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Se trata de un documento fundamental, ya que establece una obligación para los países firmantes de promover una vida libre de violencias contra las mujeres.
En 1994, ocho países se adhirieron a este tratado internacional y, a la fecha, cuenta con la participación de 32 de los 35 Estados que conforman la OEA. Sin embargo, en el contexto latinoamericano, aún la convención enfrenta diversos retos para asegurar derechos.
Para conocer más de esta situación, Marcela Huaita Alegre, presidenta del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nos ofrece un alcance del trabajo y cumplimiento de este tratado.
- ¿Cómo esta convención ha aportado a los derechos de las mujeres?
La convención es muy importante porque es la primera en el mundo que aborda la problemática de la mujer, tanto en el ámbito familiar como comunitario. Esta convención va a marcar una época en América Latina. Nuestros países, por la década de los 80 y 90, habían estado avanzando en legislaciones de la violencia intrafamiliar; pero luego, comprendiendo mejor las dimensiones de la violencia, se alcanza un momento en donde los Estados tienen una responsabilidad de prevenir y atender, pero especialmente de erradicar las diversas formas de violencia.
- ¿Cuál es el rumbo legislativo que ofrece este tratado a los Estados? ¿Ellos cómo deben cumplir?
Es un tratado internacional de derechos humanos que es suscrito y ratificado por los Estados, que establece una serie de obligaciones que deben cumplir, obligaciones como informes que deben presentar (...), diciendo lo que están haciendo.
Pero la convención no es solo el tratado. Se crea un mecanismo de seguimiento (MESECVI) que tiene varios elementos. Uno es la conferencia de los Estados y otro el comité de expertas, que yo presido.
La labor de este comité es ver el cumplimiento. A través de un sistema de indicadores, vamos generando observaciones puntuales a cada Estado sobre sus avances y que cuestiones podría mejorar o las preocupaciones que surgen.
Este comité recibe también información de las organizaciones de sociedad civil, que justamente nos transmiten preocupaciones de aquellas situaciones que los Estados no están enfrentando. Además, nosotros vamos sacando recomendaciones personales a cada Estado (...); por ejemplo, en materia de consentimiento, mujeres desaparecidas, y también leyes modelo contra la violencia política.
- Luego de 28 años, ¿qué evolución han tenido los países en atención a los derechos de las mujeres? ¿Hay un verdadero avance?
Ha habido una mejora. Si lo vemos en perspectiva del aspecto de acceso a la justicia, es una mejora en la violencia basada en el género. Cuando empezamos esta convención, no había muchos servicios dirigidos a estos delitos o situaciones de violencia, porque la respuesta del aparato de justicia no comprendía la problemática de la violencia; pero ahora vamos viendo que la formación de los administradores de justicia se va integrando con estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que esta ha recogido en la Convención de Belém determinadas interpretaciones que van constituyendo un modelo para los jueces y las juezas de los países.
Asimismo, los países se están haciendo cargo de los estereotipos de género que se tenían en la justicia, y ahora se están cambiando. Por otro lado, tenemos una serie de protocolos (...), no solo en el ámbito judicial, sino también en los diferentes actores como la Policía o Fiscalía. A partir de los lineamientos de la convención, se están construyendo mejores respuestas.
- ¿Y cuáles son los retos para la implementación de este enfoque de género en el sistema de justicia? ¿Hay países que son reacios a esta convención?
Hay retos pendientes. Nosotros hacemos un seguimiento en materia de justicia, que si bien hay un avance, porque hay capacitaciones y comisiones con enfoque de género, todavía hay desafíos en términos de cómo se van resolviendo los casos.
Ahí tenemos una dificultad en el reporte porque se están demorando demasiado en el análisis de los casos y la resolución. Cuando pedimos reporte del inicio de los casos y el término, notamos esto en los países que reportan —porque no todos los países reportan—; y esto tiene un riesgo porque hay una situación de exigencia por parte de la OEA de una debida diligencia. Entonces, el mensaje que se manda es de impunidad, sobre todo si se archiva y no tiene un pronunciamiento.
Por eso, hay un reto de administrar justicia, no solo de fortalecer capacidad, sino mejorar la administración, porque los casos que se demoran mucho; y, en el caso de adolescentes, ellas merecen una doble protección.
- ¿Esta demora es común en varios de los países?
Hay países que nos vienen reportando, como México y Perú, pero en otros casos no tenemos el reporte de los tiempos que demora. Esto es más preocupante porque se nota que ni siquiera hay un seguimiento.
- Ya que menciona a Perú, ¿cómo ve el avance en nuestro país en torno a esta convención?
El Perú es uno de los países que ha cumplido permanentemente con el reporte del sistema, pero además tiene una sociedad civil muy dinámica que siempre está dando informes adicionales para hacerle seguimiento. En tema de materia de normativa, en el Perú, se tiene una ley de última generación que habla de la violencia de la mujer en diferentes dimensiones familiar, comunidad y el Estado mismo. Porque antes solo se hablaba del ámbito familiar, pero, desde 2015, el país tiene una concepción más amplia, alineándose a la Convención Belém do Pará.
- ¿Y cuáles serían los retos?
Los retos están siempre en la atención de los casos. El Poder Judicial tiene un comité de género que está siendo muy dinámico desde dentro del poder, pero siempre hay recursos que son insuficientes. A pesar de ello, se tienen los módulos de atención de la mujer y el presupuesto asignado. En ese sentido, no podemos dejar de reconocer los esfuerzos.
- ¿Hay algún caso peruano en el que la convención tuvo importancia para su resolución?
Hay varios casos en los que la Corte Interamericana le ha dado uso a la convención. Por ejemplo, el caso del penal Castro Castro, en donde las presas habían sido sometidas a determinados actos que implicaban una violencia excesiva por su condición de mujer, como la desnudez obligada. A partir de este caso, la corte saca una serie de estándares que han marcado un hito en el impacto de género en la situación de las personas privadas de la libertad.
- ¿Cómo la población puede acceder a este mecanismo, el MESECVI, para obtener una opinión experta sobre un caso que les genera preocupación?
Nosotros quisiéramos que todas las personas tengan acceso a la convención, para que conozcan sus derechos y los hagan suyos. La forma en como podemos estar en contacto son dos. Una es mediante las propias organizaciones sociales, porque ellas hacen reportes a nosotros y los tenemos en cuenta.
Otra manera es cuando las asociaciones de sociedad civil nos escriben preocupadas por algunos hechos concretos que consideran que podrían ser vulneratorios a la convención. En esos casos, y luego de un análisis, nosotros hacemos comunicados o cartas a los países recordándoles estas obligaciones y cómo se ha interpretado en la Corte Interamericana.
Por ese lado, nos es absolutamente importante que este tratado se difunda. A pesar de sus 28 años, no todas las personas y no todas las mujeres lo conocen. Además, este esfuerzo está dirigido a mujeres en vulneración como las migrantes, indígenas o adolescentes. Ahora, con las menores estamos trabajando la violencia en el ciberespacio, ya vemos que van surgiendo nuevos temas porque la violencia de género se transforma.
- “Mi convención, mis derechos” es el nombre de la campaña que está emprendiendo el mecanismo. ¿Cuál es el plan para que las mujeres sientan que esta convención es un recurso que pueden utilizar más que solo un acuerdo internacional?
Es importante difundirla para ver como esto se va traduciendo en la vida real de las mujeres, y para ello nos estamos acercando con un lenguaje amigable, porque algunas veces la temática de acceso a la justicia y todos estos protocolos no ayudan a una comprensión rápida y amigable de la propia convención.
Estamos haciendo el esfuerzo de difundirla. Ahora tenemos una página web que se está poniendo toda la información del mecanismo y la convención.
Además, quiero recordarles a las mujeres que llevamos 28 años con esta convención y que aún seguimos analizando y comprendiendo las dinámicas de la violencia contra las mujeres, y que siempre estamos a la expectativa de generar una respuesta para beneficio de las mujeres dentro de la región.