El proceso penal 059-2019 que busca justicia por las esterilizaciones forzadas cometidas a miles de mujeres y varones en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, se encuentra en la etapa de recepción de manifestaciones y testimonios de las víctimas. Según el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), en la región imperial se registra 1734 personas afectadas. A nivel nacional se tiene 7913 inscritos.
La representante de Derechos Humanos Sin Fronteras, Yulissa Casana, dijo a La República que se tienen víctimas en diferentes localidades de las provincias de Anta, Canchis, y Chumbivilcas. La distancia es una dificultad para que las denunciantes rindan sus manifestaciones, pese a que las citas son virtuales.
“A veces las reprograman y ellas no se enteran. Hay que imaginar el malestar porque muchas no son de capitales de provincias y tienen que viajar para buscar a las dirigentes para que les asistan. Otras no tienen los equipos. En las comunidades hay falta de conectividad. Son muchos los problemas que enfrentan en busca de justicia”, apuntó Casana al referir que estos aspectos ya fueron comunicados a la Defensa Pública del Ministerio de Justicia que patrocina a muchas de las víctimas.
La activista señaló que incluso muchas mujeres no conocen ni a sus abogados. “Esperamos que esas observaciones sean superadas. Las dirigentes contaron esos problemas en el último encuentro que tuvimos junto a la Defensa Pública del Ministerio de Justicia”, agregó.
Este no es el único proceso que las víctimas de esterilizaciones entablaron. También le exigen al gobierno un plan de reparaciones económicas y de salud por las afectaciones a su salud que aún las acompañan luego de décadas. “Muchas se han muerto esperando justicia, seguiremos en esta lucha. Esperamos atención del gobierno”, dijo Inés Condori, representante de la Asociación de Víctimas.
Inés Condori, dirigente de Chumbivilcas, dice que recuerda como si fuera ayer esos nefastos momentos en los que fue conducida por la fuerza a un centro de salud. Dijo que la sometieron a la intervención quirúrgica sin su consentimiento. Pese a sus preguntas le negaron respuestas. Tiene décadas pidiendo justicia.