Arequipa: Gobierno declaró en emergencia 2 distritos tras 14 muertes en Atico

El Gobierno declaró el estado de emergencia en los distritos de Caravelí y Atico, ubicados en la provincia de Caravelí (Arequipa). Esto, debido al conflicto minero que deja hasta el momento 14 muertos, tres desaparecidos y varios heridos.

Según el Decreto Supremo N.° 065-2022-PCM, publicado este viernes en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se menciona que la medida regirá por 60 días calendario.

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Asimismo, durante el estado de emergencia en dichas jurisdicciones de Atico y Caravelí, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y seguridad personal, comprendidos en la Constitución Política del Perú.

La norma subraya que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, que ambas unidades intervendrán según lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.° 1186 (norma que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú) y N.° 1095, (dictamen que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional).

También se resalta que dicho decreto supremo se adopta tras una solicitud de la Comandancia General de la Policía Nacional, ya que recomienda declarar el estado de emergencia en Caravelí y Atico. Esto, con el objetivo de restablecer y mantener el control del orden interno. Además, se brinda detalles sobre el conflicto minero que generó la muerte de 14 personas.

El enfrentamiento se remonta desde hace varios años. Sin embargo, el 2 de junio mineros informales y trabajadores de Intigold Mining se enfrentaron con armas de fuego. En un principio, se informó de siete muertos, pero, en los últimos días, se conoció de otros siete fallecidos.

Durante la intervención de las fuerzas del orden en la zona, se detuvo a 31 personas, quienes cumplen prisión preliminar, mientras se desarrolla la investigación para determinar su responsabilidad en la muerte de las 14 personas.

El Decreto Supremo lleva la firma de la primera vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. Es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

También cuenta con la aprobación de los ministros del Interior, Dimitri Senmache; Defensa, José Luis Gavidia; y Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.