En el 2016, la Comisión de Juristas denunció a funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y la Municipalidad Provincial del Cusco por permitir la construcción del hotel Sheraton en la calle Saphy, que atentaba contra el patrimonio. Seis años después, la Fiscalía Anticorrupción abrió investigación preliminar contra 60 ex servidores de ambas dependencias. Son investigados por los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita para delinquir y organización criminal.
Tika Luizar, integrante de la Comisión de Juristas saludó la disposición fiscal, pero lamentó la demora. El caso, incluso, corrió peligro de prescripción. Espera que el proceso ponga al descubierto el aparato estatal conformado para favorecer a terceros, a la empresa R&G SAC a cargo de la construcción.
La acusación de Luizar tendrá que ser corroborada en la investigación que apenas inicia. Sin embargo, se debe precisar que el daño al patrimonio con la edificación está corroborado en un proceso constitucional.
Entre los implicados se encuentran tanto los propietarios del inmueble donde se construyó el hotel, funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura como sus ex directores, Edwin Ricardo Ruiz Caro, José Miguel Zegarra Balcazar, José Carlos Silva Gonzáles, José David Vega Centeno, Juan Julio García Rivas, supervisores, jefes del área de patrimonio, entre otros.
En el caso de la comuna edil, se investigará al ex alcalde y actual candidato, Luis Flores García y sus ex funcionarios de confianza. En ambas dependencias, se sospecha de permisos irregulares, procedimientos erróneos y actuaciones anómalas que permitieron la construcción de 11 niveles, en una zona monumental de Cusco.
Según Luizar, la Acción de Amparo que reconoció la alteración del patrimonio es la prueba de la mala actuación de los funcionarios investigados. “Hubo corrupción. En el centro histórico solo están permitidas construcciones de dos pisos, porque se permitió que se construya ese hotel. Nosotros alertamos desde el 2014, antes de la construcción”, indicó.
El proceso de Acción de Amparo determinó el daño al patrimonio, sin embargo, la sentencia de demolición y resarcimiento aún no se ejecuta. La Comisión de Juristas apeló que Cultura proponga derruir solo el 10% de la construcción. Consideran que debe ser en su totalidad. El caso actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional (TC) a la espera de un nuevo fallo.