Trabajadora de Cuajone exige agua: No se trata de una empresa, somos ciudadanos peruanos
Frimi Leigh, trabajadora de Southern y madre de familia, contó las dificultades que ella y otras 5.000 personas atraviesan desde hace 50 días en Moquegua. Comunidad tomó reservorio Viña Blanca y el Gobierno de Pedro Castillo todavía no soluciona conflicto.
El testimonio de una trabajadora de la mina Cuajone, en Moquegua, ha generado preocupación sobre la situación que se vive en este campamento minero. Se trata de Frimi Leigh, quien labora para Southern desde hace 12 años y pide que no se la discrimine por prestar servicios a la minera.
Cabe resaltar, que la comunidad de campesina de Tumilaca Pocata-Coscore-Tala inició una protesta contra Southern por la presunta usurpación de terrenos hace 50 años y promesas incumplidas. Sin embargo, como una de sus medidas de protesta se encuentra la toma del reservorio de Viña Blanca, acción que persiste desde hace más de 50 días.
“Pero, de pronto, el día que pensaban normal les trae algunas situaciones inesperadas, que por cierto resultan no ser nada buenas. Porque su empresa no puede operar, porque el colegio de sus hijos no abrirá, porque al abrir los caños en sus hogares no cae una sola gota de agua”, relató a través de un testimonio escrito.
Además, la trabajadora de Cuajone pide que el Gobierno, presidido por Pedro Castillo, tome atención a este conflicto social que se prolonga desde hace varias semanas.
“Tenemos 5.000 personas abandonadas a su suerte por un Estado indiferente. Personas que no saben si mañana tendrán trabajo. Son 5.000 historias, 5.000 conjuntos de sueños y 5.000 futuros inciertos. Padres y madres de familia como lo somos muchos de nosotros, niños que quieren ser profesionales, emprendedores que iniciaron negocios con gran esfuerzo, personas que ganaron a punche sus oportunidades”, destacó.
Finalmente, pide que el Gobierno no haga oídos sordos y escuche las súplicas de cientos de padres de familia que necesitan agua y trabajadores que deben obtener ingresos para sus hijos.
“No se trata de una empresa. Hay 5.000 personas afectadas y son ciudadanos peruanos para los que ninguna autoridad en el Perú ha estado allí, para intervenir en el restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados. Soy trabajadora de Southern Perú y lo he sido durante 12 años. Esta es mi casa, su gente es mi familia. Por eso, hoy alzo mi voz, entre muchas, para que puedan conocer la dimensión de lo que nos ha tocado vivir, ya que el Estado viene haciendo oídos sordos”, recalcó.