Un perjuicio económico por 1 033 076 soles detectó la Contraloría General de la República en la Municipalidad Distrital de Independencia, provincia de Huaraz, región Áncash, debido a que funcionarios de la entidad otorgaron conformidad y pagaron valorizaciones de la obra de defensa ribereña en el margen izquierdo del río Santa (sector puente Santo Toribio, Miraflores, Marcac), a pesar de que algunas partidas incumplían las especificaciones técnicas y contenían metrados no ejecutados.
La Contraloría, a través de una nota de prensa, indicó —mediante el Informe de Servicio de Control Específico n.° 30514-2021-CG/GRAN-SCE— que los trabajos se ejecutaron en el 2019 con la finalidad de proteger las áreas urbanas, agrícolas y vías de comunicación de la localidad de Marcac; sin embargo, se detectó que las partidas de protección con colchón reno y muro de contención con gaviones (estructuras de alambre rellenos de piedras) se realizaron incumpliendo los planos y especificaciones del expediente técnico.
La comisión de control también evidenció que el consorcio no realizó las labores de descolmatación del cauce del río Santa, ni colocó una malla geotextil en algunos tramos y en un área de 1.050 metros cuadrados, lo que pone en riesgo la estabilidad de los muros de contención; no obstante, la municipalidad pagó por dichos trabajos.
La Contraloría informó que las mencionadas situaciones adversas fueron comunicadas oportunamente a la entidad en abril del 2019, mediante el Informe de Visita de Control n.° 805-2019-CG/GRAN-SVC. Pese a ello, la comuna distrital no adoptó las acciones que correspondían.
Muro de contención en el río Santa
Asimismo, no aplicó las penalidades por la demora en la ejecución de la obra, por falta de seguridad y señalización, entre otros incumplimientos, aun cuando la Municipalidad Distrital de Independencia rescindió el contrato con el consorcio; por el contrario, utilizó el dinero de la retención por concepto de garantía de fiel cumplimiento para asumir las deudas contraídas por el contratista con los obreros.
Por estos hechos, la Contraloría manifestó que siete funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Independencia tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa, por lo que el informe fue derivado al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales, y al alcalde distrital para las actuaciones administrativas que correspondan.