Personal de Seguridad del Estado ingresó ayer al almacén de solventes donde estalló un voraz incendio, en busca de elementos e indicios que puedan servir para determinar el origen del siniestro que dejó cuantiosas pérdidas económicas, tres heridos y 300 personas afectadas en San Juan de Lurigancho.
Pese al hermetismo, se supo que parte de los peritajes serán encomendados a la Dirección Nacional Antidrogas para establecer la procedencia y el destino de los químicos, pues los investigadores no descartan que estos hayan sido almacenados para ser desviados –en algún momento– para actividades ilícitas.
Y es que el almacén donde funcionaba la empresa Química y Solventes Flores EIRL era una aparente vivienda ubicada en la calle Los Pinos 465. El inmueble es propiedad del ingeniero químico Franky Nimehías Flores Chahua, quien fue beneficiado con el programa Reactiva Perú al recibir un préstamo de 109.700 soles.
El alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales, confirmó que el local no tenía licencia de funcionamiento y aseguró su decisión de realizar una denuncia penal para que se establezcan las causas y responsabilidades sobre el incendio que alarmó a la población.
“Quiero dejar en claro que este local no es una industria, no es un inmueble que se dedique a actividades comerciales, es una casa de tres pisos donde había 200 barriles con thinner. Aparentemente era una actividad clandestina”, manifestó.
Alex Gonzales. Foto: Aldair Mejía.
En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que los contaminantes en el aire generados por el siniestro alcanzarían distritos aledaños y podrían afectar a los vecinos.
Las condiciones meteorológicas son de cielo mayormente nublado con vientos que se dirigen hacia el noreste, a una velocidad de 10 km/h. De acuerdo a ello, los contaminantes afectarían la parte norte de San Juan de Lurigancho y los distritos que se encuentran en la zona este de Lima, con altos niveles de material particulado.
Por su parte, la OEFA realiza la supervisión e inspección del lugar para establecer los incumplimientos a la normativa ambiental de los que pudiera ser responsable la empresa y las medidas de control que adoptó ante esta emergencia.
La Municipalidad de Lima instaló albergues para apoyar a las 300 personas damnificadas.