Plantean mayor presencia del Estado en el Vraem
Plan. En distritos de Cusco y Ayacucho, Ricardo Soberón, titular de la entidad, habló de lucha antidrogas y erradicación voluntaria.
La semana pasada, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón, llegó a varias localidades del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) que incluyó distritos de Ayacucho y Cusco.
Soberón expuso ante las autoridades locales y organizaciones de productores, la necesidad de implementar acciones, en el marco de la Política Nacional Contra las Drogas (PNCD) al 2030, que permitan articular los esfuerzos del Estado para mejorar la calidad de vida de la población de esta zona del país.
Entre el domingo 13 y el viernes 18, el director ejecutivo de Devida visitó los distritos de Anchihuay, Samugari, Santa Rosa, Ayna-San Francisco, Sivia y Llochegua en la región Ayacucho; y Villa Virgen, Villa Kintiarina, Kimbiri y Pichari, en Cusco.
“Hemos encontrado una situación de lejanía y descoordinación en las políticas con las que interviene el Estado en el Vraem. Debemos cambiar la forma como miramos esta zona, lo que incluye replantear el estado de emergencia que afecta su desarrollo y empezar a dialogar con todos los actores del valle, especialmente con los que desconfían del Estado”, declaró Ricardo Soberón.
Mencionó la crisis que atraviesa el Vraem por los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre el desplome del precio de la hoja de coca que hoy es de 3.9 soles el kilogramo.
Agregó que a ello se suma la presencia fragmentada del Estado, como consecuencia de la estructura de programas presupuestales y sus instrumentos de gestión, que impiden una coordinación efectiva en el terreno.
Dijo que durante su viaje también destacó la importancia del desarrollo alternativo a través de la diversificación productiva, el valor agregado y el acceso a mercados con precios competitivos.
Pacto y erradicación
En este recorrido por el Vraem, el titular de Devida compartió los nuevos criterios sobre erradicación que propuso Devida al Ministerio del Interior y que establecen una meta de 18.000 hectáreas.
Las acciones de reducción de cultivos ilícitos de hoja de coca se focalizará en áreas naturales protegidas, bosques permanentes, zonas de amortiguamiento y de frontera y territorios de comunidades nativas.
En el caso del Vraem, explicó que se implementará el Pacto Social Ciudadano, mediante el cual la sociedad civil de ámbitos rurales, entre los que se encuentran los cocaleros, acordarán voluntariamente reducir mil hectáreas cada año, a cambio de recibir servicios más eficientes del Estado.
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“El reto es demostrar que Devida puede trabajar de cerca con los agricultores y de forma pacífica”, afirmó. Y acotó que en paralelo se impulsará la reformulación de Enaco para optimizar el modelo de control de la producción, acopio, industrialización y comercialización de la hoja de coca legal.
La clave
Propuesta. Para integrar al Vraem al Estado de derecho: control de insumos químicos, interdicción aérea con nuestros medios, pacto social ciudadano e intervención del Estado en la zona.