Ricardo Soberón: “Iremos al Vraem a concertar un pacto social de reducción voluntaria de cocales”
Entrevista al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, quien señala que el Estado no tiene los medios para hacer el mayor daño a la criminalidad internacional.
Soberón menciona que en su segunda gestión en Devida aplicará estrategias que no se hicieron antes para erradicar los cultivos de coca. Señala que la erradicación focalizada y sostenible y el pacto social y ciudadano deberán ir acompañados de una profunda reforma de la Enaco. También refiere su decisión de atacar el crimen organizado.
La población sigue denunciando la existencia de grandes cultivos de coca en Ucayali, el Vraem, el Alto Huallaga, Pichis Palcazu, etc. ¿Cuál va a ser la estrategia para enfrentar esta situación?
Queremos asegurar que las acciones de erradicación sean hechas de forma sostenible, que la hectárea erradicada no sea resembrada y que sea inmediatamente atendida por los programas de Devida y de otros sectores del Estado. Esa sincronización no ha ocurrido en los últimos treinta años. A lo que se han dedicado es a cumplir una meta física sin importar que esas hectáreas erradicadas sean resembradas en las mismas o en otras zonas del país. Ese es el criterio que tenemos.
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Claro, una política antinarcóticos no puede ser solo erradicación y control de insumos químicos, pero tampoco se ha hecho interdicción aérea.
El Estado no tiene los medios para hacer el mayor daño a la criminalidad internacional. Es objetivo de esta gestión volver a tener recursos frescos, pero también el apoyo de los países que consumen la mayor cantidad de cocaína de América del Sur, para detener este flujo aéreo. Lamentablemente algunos cooperantes tienen reparos sobre el derribo aéreo. En los próximos días tendré una reunión con el ministro del Gobierno de Bolivia para fortalecer la coordinación entre autoridades aéreas y permitir la captura en tierra de las avionetas que llegan al país a cargar cocaína.
Todavía es posible la lucha contra el narcotráfico en el Perú. Me gustaría escucharle una propuesta novedosa.
Tenemos una oportunidad única, y es que la pandemia ha generado una crisis agraria de forma tal que estamos en capacidad de proponerle a los 160 mil productores de hoja de coca que habrían en el Perú la oportunidad de tener un pacto social y ciudadano vinculante con el Gobierno. Por primera vez en 50 años de guerra contra las drogas el Perú le lanza una propuesta a cambio de reducir voluntariamente los cultivos de coca y no permitir en los territorios pozas y laboratorios, evitar la deforestación y la emisión de carbono. Creemos que en el Vraem podemos lograr mil hectáreas reducidas voluntariamente en un año y al finalizar el Gobierno del presidente Castillo reducir de 27 mil actuales a 22 mil hectáreas de coca. Para eso vamos a ir al Vraem a concertar.
¿La erradicación forzosa no estaría en el plan?
Por supuesto que está, porque el Estado debe dar una señal clara. No permitimos coca en áreas naturales protegidas, en tierras de comunidades indígenas, en zonas de amortiguamiento, en áreas de frontera.
En el Vraem no hay zonas protegidas.
Por eso nuestra propuesta es llegar al Vraem y con las organizaciones sociales, de colonos, de productores concertar este pacto social ciudadano. La comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, verá que en el Perú los productores agrarios pueden con el Gobierno mostrar resultados más eficaces y sin violencia.
En el Vraem no están dispuestos a la erradicación.
La erradicación en el Vraem es un tema sensible y nosotros somos conscientes de ello, por eso planteamos la propuesta del pacto social que ha sido bien recibida a nivel de distritos, sindicatos, asociaciones, comités de autodefensa.
¿Qué pasará con la empresa nacional de la Coca (enaco)?
La erradicación focalizada y sostenible, el pacto social y ciudadano tiene que ir acompañado de una reforma profunda de la Enaco, que lleva años de fracaso y cuyos actuales directivos no han hecho sino dedicarse a escribir artículos pregonando mentiras, cuando en realidad la Enaco no cumple con acopiar la coca legal, que hoy es de 12 mil toneladas métricas anuales, y no es capaz de acopiar ni mil toneladas métricas. No creemos que el Estado tenga que comprar la coca. La tercera encuesta de hogares del 2019 señala que gran parte del mercado nacional de la coca legal está en la costa, en Lima metropolitana, donde hay hasta 350 emprendimientos con productos de coca legal comprados al mercado informal y que la Enaco los ha perdido.
¿Qué apoyo tiene de la presidencia de la República?
Nos ha dado todo el apoyo. Pero necesitamos ser claros en un componente: el tráfico de cocaína es un problema global. Por eso, en marzo estaremos viajando a Bruselas, luego a Viena a la Comisión de Estupefacientes. En febrero esperamos a una delegación del departamento de Estado americano para plantear estas propuestas. Estamos coordinando con la Cancillería la idea de revisar montos y la calidad de la cooperación que recibe el Perú, que aún es muy débil en función a la responsabilidad de los países consumidores de cocaína.
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Usted ha sido señalado como pro cocalero. Su propuesta sobre el pacto social abonaría a esta percepción.
Estas personas estuvieron varios años vendiendo humo sobre la lucha contra las drogas y por eso estamos ahora con un narcotráfico que ha penetrado el trapecio amazónico, las fronteras Amazonas-Ecuador, Puno-Bolivia y Ucayali-Brasil. Por gestiones de esa índole, el narcotráfico ha llegado al Callao, a la política y ha penetrado todos los estamentos sociales e institucionales. Nosotros queremos atacar a profundidad el crimen organizado. Hay quienes quieren mantener luchas simbólicas que llenan cárceles con los eslabones más débiles de la cadena, pero que no logra atrapar a los grandes capos ni extinguir el dominio de bienes de patrimonios ilícitos. Esa es la diferencia que queremos hacer.
