Luego de que el premier, Aníbal Torres, afirmara que los miembros de serenazgo deberían portar armas para combatir la delincuencia, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación, pues considera que hace falta un proceso de formación y capacitación para manipular ese tipo de herramientas.
“Nuestra preocupación se ha incrementado. Nosotros sacamos un informe donde analizamos la situación del servicio de serenazgo en el contexto de la pandemia, la cual es deprimente. No hay régimen laboral, hay una precariedad en el servicio, no hay logística, no hay infraestructura”, afirmó Carlos Fernández, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios, en diálogo con Canal N.
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Además, el especialista señaló que solo el 50% de municipalidades cuentan con este servicio, “porque el resto no tiene recursos”. “En este informe hemos recomendado que se emita una ley para prohibir el uso de arma de fuego al personal de serenazgo”, continuó.
En esta línea, Fernández resaltó que, de oficializarse esta norma, antes se tendría que hacer una modificación constitucional, ya que la carta magna del país otorga el uso exclusivo de las armas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.
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“La función de garantizar, mantener, restablecer el orden público y combatir la delincuencia es de la Policía Nacional del Perú (...) Para que el sereno o serena porte un arma, se tendría que hacer una modificación constitucional, pero no termina ahí, necesitamos serenos y serenas debidamente formados y capacitados. Actualmente no tenemos ninguna escuela de formación de serenazgo, y menos escuelas de capacitación”, aseveró.