Representantes legales de la orden franciscana interpondrán una acción de amparo contra la municipalidad de Lima, en respuesta al violento retiro del cerco de concreto y la reja de 145 metros que rodeaba la iglesia de San Francisco ubicada en el centro de Lima.
Fabricio Valencia, asesor legal y representante de los hermanos franciscanos, explicó que al inicio interpusieron una acción penal, pero que decidieron cambiar de estrategia luego de que el Ministerio de Cultura emitió un comunicado en el que detallaba que sí había autorizado las obras de la comuna.
En tanto, la municipalidad de Lima indicó que los sacerdotes no son dueños de la plazuela. El gerente de ProLima señaló que la recuperación de ese espacio está enmarcada en el estudio de las partidas registrales de la comuna limeña y la Provincia franciscana de los 12 apóstoles. “Ellos (los franciscanos), en el año 68, solicitaron ante Registros Públicos el registro de su inmueble y allí no se señala la plazuela. Por lo tanto, la ley orgánica de municipalidades faculta a la municipalidad de Lima a administrar los espacios públicos (...). En ese sentido, se ha procedido al retiro de este cerco para unir el espacio público, tanto calles como plazuelas”, señaló a La República.
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Por su parte, fray Rafael Hurtado, integrante del comité jurídico de la Orden San Francisco de Asís, dijo que durante la intervención, ejecutada la madrugada del 5 de febrero, se ejerció violencia contra la comunidad.
”Ya habían derribado dos columnas. Empezó la violencia, nos arremetieron con sus varas, cascos. Intentó agredirme el capitán de la PNP Guillermo Mendoza Menacho”, manifestó. Agregó que participaron cerca de 400 personas, entre personal de la municipalidad de Lima y de la Policía.
Por otro lado, dijo nunca se les incluyó en las mesas de diálogo para aprobar el retiro del cerco perimétrico, siendo este un patrimonio cultural declarado por la Unesco.