No son pescadores, pero también vivían del mar y piden ayuda para subsistir tras el derrame

Cada verano, durante más de cinco años, Richard Yareta vendía manzanas acarameladas y algodones rosas de azúcar en las playas de Ancón. Este 2022 no fue la excepción, pero el derrame de petróleo que afectó a 11.637 hectáreas de mar y litoral también lo ha dejado sin empleo desde hace varias semanas, al igual que a cientos de sus compañeros, un grupo de trabajadores informales o independientes, quienes no han recibido apoyo estatal ni el de la multinacional española Repsol.

Ahora, ni las familias ni los niños se bañan en estas playas. No hay público. Con la desolación de Ancón tras el cierre de sus costas contaminadas con petróleo, Richard y su familia se han quedado sin sustento. Y como él, unos 300 trabajadores que subsistían en los veranos, desde hace décadas, a través de pequeños negocios como la venta de refrescos, golosinas y alquiler de sombrillas, entre otros, en las playas de Miramar, Pocitos y Las Conchitas se encuentran al borde de la desesperación debido a la falta de empleo.

“Nosotros somos damnificados, pero pensamos que nos han hecho a un lado porque nadie nos apoya ni no nos dice nada. A los pescadores, al menos, les han dado vales. Desde el derrame de petróleo, no hemos recibido nada. Y para los que tenemos hijos ya se viene el tiempo de la escolaridad, estamos preocupados”, dijo el padre de cuatro menores.

Por ello, unos 150 trabajadores, ahora asociados como Comerciantes independientes: renacer de Ancón, llegaron hasta la sede de La Pampilla, en Ventanilla, el último jueves 3 de febrero para protestar e intentar negociar con Repsol y pedir una indemnización por la afectación social que han sufrido. Necesitan laborar, pues en el variado grupo hay gran número de madres y padres que son el único sustento de sus hogares.

La Municipalidad de Ancón estima que unas 2.000 personas han sido afectadas por la catástrofe ambiental causada por Repsol solo en este distrito, aunque consultados por el caso de los comerciantes informales, solo nos respondieron que aún están realizando la consolidación de información de las diferentes asociaciones.

Aunque, según Karina Garrido, representante de este grupo, el municipio tiene un registro de todos los vendedores que laboran en las playas, ya que en los veranos les hacen cobros por una especie de licencia, la cual les permite realizar ventas en las playas que están fuera del área del balneario y edificios.

“Queremos una indemnización de Repsol por daños y perjuicios, ya que a nosotros como trabajadores independientes nos ha afectado totalmente. Estamos sin trabajo. Incluso estamos haciendo ollas comunes para comer. No solo nos ha afectado económicamente, sino a nivel psicológico porque tenemos un montón de mercadería paralizada, tenemos deudas porque para arrancar el verano hemos pedido préstamos”, añadió la también madre de familia.

Aunque el Gobierno había evaluado la posibilidad de entregar un bono de 1.000 soles a los trabajadores y negocios afectados, Richard y Karina temen que su grupo quede fuera debido a su condición informal.

Ahora, ellos y sus familias se han convertido en víctimas inocentes de una empresa que mintió sobre la magnitud del desastre, puesto que inicialmente afirmaron haber vertido una cantidad de 0,16 barriles de petróleo, para luego decir que fueron 6.000 y reconocer, finalmente, que fueron más de 10.000. Los afectados esperan respuestas, pues no pueden seguir viviendo de ese mar que por tantos años los ayudó a sobrevivir a sus precarias economías.