Concesionaria Angostura Siguas da por concluido contrato para ejecutar Majes II

La concesionaria Angostura Siguas envió ayer una carta al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para iniciar la caducidad del contrato de concesión de Majes Siguas II. Este proyecto es una inversión pública-privada que consiste en incorporar 38.500 hectáreas para producción agrícola; además iba a desarrollar un componente para generar energía eléctrica vía las hidroeléctricas Lluta y Llucta. Con Majes II se iban a generar 190.000 empleos directos y otros 290.000 indirectos.

En la misiva firmada por el gerente Santiago Hernández Castaño, la concesionaria enumera hasta cuatro incumplimientos en los que incurrió el GRA que justifican la caducidad del contrato. Precisa que haberse mantenido al frente de esta concesión por 11 años le ha generado un perjuicio económico de 220 millones de dólares. No descartan a futuro iniciar acciones legales por daños y perjuicios.

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Uno de los incumplimientos citados es no haber suscrito la adenda 13, cuya aprobación mantuvo el proyecto agroindustrial paralizado cuatro años. La citada adenda consiste en modernizar el sistema de riego: utilizar tubos, en lugar de canales y llevar el agua al adjudicatario a la cabecera de la parcela. Demandaba una inversión de $ 104 millones que se recuperaría de la venta de tierras. El cambio tecnológico, tenía el visto bueno del Ministerio de Economía, Pro Inversión y algunas observaciones de la Contraloría. El consejo regional de Arequipa era el último filtro. El plazo dado por la concesionaria vencía el 30 de diciembre de 2021. Sin embargo, caprichosamente los consejeros no se reunieron para tomar la decisión. El día de la convocatoria, cuatro no asistieron, además el legislador José Luis Hancco tampoco elaboró el dictamen para aprobar la adenda, lo que imposibilitó el debate.

Varios especialistas se pronunciaron sobre la conducta del consejo regional que no solo trae abajo una inversión millonaria para Arequipa sino compromete al Estado peruano con un arbitraje internacional con daños económicos ya fijados por la concesionaria. Podrían ser procesados por omisión de funciones, sostuvo el abogado Jorge Sumari Buendía.

Más incumplimientos

La concesionaria, constituida por la empresa Cobra, también reclama que el GRA no le haya entregado el control del proyecto. Eso significa liberar las tierras para ejecutar las obras. Hay pendientes de expropiación en Pusa Pusa, en donde iba a construirse el espejo de agua de la represa Angostura. De igual forma, la zona de Tarucamarca para ejecutar el túnel que trasvase las aguas de Angostura a la cuenca del Colca. Si bien es cierto en varias comunicaciones el GRA informó de la disponibilidad de esas áreas, Angostura Siguas le aclara que no hay documentación que acredite ello. La concesionaria también reclama que no le entregaron el instrumento de gestión ambiental de la presa Condoroma, a fin de habilitar las obras en ese embalse.

La concesionaria Angostura Siguas acusa severamente al GRA de incumplimiento de obligaciones. ”La conducta desarrollada por el concedente ha supuesto incumplimientos contractuales susceptibles de resolver el contrato”. Lo responsabilizan de los 11 años de paralización del proyecto. Finalmente dicen que considerando los graves incumplimientos se ven obligados a dar por finalizado el contrato.

La concesionaria ha propuesto nombrar temporalmente una persona jurídica para que actúe como interventor tal como lo fijan las cláusulas del contrato. También le pide al GRA que fije una fecha para que le entregue los bienes de la concesión. De igual forma, cumpla con el procedimiento de valorización y pago por Caducidad de la Concesión y proceda a devolver a la Concesionaria la Garantía de Fiel Cumplimiento.

Daños y perjuicios por 220 millones de dólares

En los últimos párrafos de la comunicación, firmada por Hernández Castaño, anuncian que se reservan el derecho de reclamar el reconocimiento y pago de cualquier obligación pendiente y los daños y perjuicios que correspondan de conformidad con el contrato y las leyes aplicables.

Sostienen que las paralizaciones de la obra a lo largo de once años fueron ocasionados por el gobierno regional debido a los constantes incumplimientos. Perjuicios, como consecuencia de la resolución contractual causaron daños por encima de los 220 millones de dólares. Dicen que en futuras comunicaciones irán actualizando este monto. La comunicación ya está en manos de la actual gobernadora Kimmberlee Gutiérrez, que ha mantenido silencio sobre esta grave amenaza para Arequipa y el país.