La Contraloría General de la República identificó responsabilidades civiles y administrativas en cinco funcionarios y dos exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCH) por permitir la prescripción de 771 papeletas de infracción al tránsito, lo cual generó un perjuicio económico de S/ 261.653.
En el marco del megaoperativo anticorrupción, el ente de control emitió el Informe n.° 012-2021 que estableció hechos que afectan los intereses patrimoniales de la entidad.
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En esa línea, explicó que, entre el 7 de agosto al 27 de noviembre de 2016, se emitió resoluciones de sanción; sin embargo, el SATCH no realizó el seguimiento oportuno ni las notificó a los administrados deudores, debido a la demora en el reinicio, desarrollo y culminación del procedimiento de selección (adjudicación simplificada) para la contratación del servicio de notificación de dichos documentos.
El ente de control señaló que no se cumplió con la norma al no ejecutarse el cobro por papeletas de
También mencionó la dilación del perfeccionamiento del contrato que afectó el funcionamiento de la administración pública. Agregó que 479 papeletas por S/ 162.885 prescribieron el 1 de noviembre de enero del 2020 y 292 el 30 de enero de 2021.
La entidad ordenó al jefe el SATCH, James Cubas, iniciar el procedimiento administrativo contra el exgerente general, Eleazar Torres; Graciela Huamán (miembro del comité de selección actual jefa de Recursos Humanos); exgerenta de Operaciones; Diana Guarniz (actual jefa de Planeamiento); jefe de la División de Recaudación, Franklin Balarezo; jefa de la Unidad de Abastecimiento, Silvia Flores; y exjefe de la Sección de Control y Emisión de la Deuda, César Gonzales.