Autoridades de Arequipa no saben qué hacer con Majes Siguas II

Elizabeth Huanca Urrutia

El destino del proyecto Majes Siguas II es incierto. Paralizado desde fines del 2017, su reactivación depende del Consejo Regional de Arequipa (CRA).

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El legislativo regional, fraccionado tras el escándalo de “Los Hijos del Cóndor”, tiene hasta el 8 de diciembre para aprobar la firma de la adenda 13. Ese documento autoriza el sistema de riego de las parcelas. Si la adenda obtiene luz verde, Majes II se reanudaría. Una negativa es replantear el proyecto de cero. ¿Eso cuánto demoraría? Solo para dar una idea. Desde la firma del contrato en 2010 se avanzó 16%.

Se vendría la resolución del contrato y un posible arbitraje entablado por la concesionaria al gobierno regional y Estado.

En ese contexto, los congresistas por Arequipa propusieron al presidente Pedro Castillo, que la titularidad de Majes II sea transferida al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El traspaso, implicaría que el Ejecutivo firme la adenda y asuma activos y pasivos. El CRA debe firmar un acuerdo aceptando ello. En el 2020 se hizo un planteamiento similar. El exministro de Agricultura, Jorge Montenegro, hizo la propuesta. El Consejo la rechazó.

Estancado

Todo indica que las autoridades arequipeñas no saben qué hacer con Majes II. Prima el desconocimiento y mitos.

El punto de discusión es la adenda 13. El cambio de riego implica el incremento de US$ 104 millones. Eso cuesta cambiar los canales abiertos por tuberías presurizadas.

El especialista en recursos hídricos, Iván Díaz aclara que esta partida, a diferencia de lo que algunos consejeros y autoridades señalan, corre por cuenta de la concesionaria. No saldrá un centavo del erario público.

El Estado aprobó una garantía soberana a favor de Cobra en noviembre de 2020. Será garante de la empresa ante un banco internacional que hará el desembolso de dinero. ¿Cómo se recuperan los 104 millones? Se cargan al precio de las tierras. Pagan los compradores de estas.

La adenda 13 tiene sus orígenes en el conflicto legal entre Arequipa y Espinar (Cusco) por las aguas del río Apurímac, caudal que alimentará la represa de Angostura. Los espinarenses demandaron que el proyecto mistiano los dejaría sin agua. El TC resolvió el tema ordenando un estudio hídrico para definir un caudal ecológico, que debía garantizar agua para la provincia cusqueña.

En el 2010, cuando se firma el contrato de Majes, el caudal para Espinar era de 0.5 m3/s. Con el nuevo estudio, en el 2015 este cambió a 2.4 m3/s. La variación redujo en 50 millones de m3 el agua disponible para Majes II. Menos agua.

Ese año, además la concesionaria advirtió que el uso de canales abiertos ocasionaría pérdidas del 5% del líquido, que en la práctica representaban 30 millones de m3. Con ello las pérdidas anuales serían 80 millones de m3. El cambio tecnológico que plantea Cobra apunta a resolver este problema. Además, con la modificación se pretende llevar el agua a la cabecera de parcela. Sin la adenda, los agricultores debían hacerse cargo de la instalación de redes y reservorios, lo que suponía una inversión adicional, ha sostenido Cobra.

Las dudas hacia la adenda, también tiene una base política. Elmer Cáceres Llica, durante la campaña electoral en 2018, se mostró en contra de ella, tras ser electo como gobernador de Arequipa, cambio de postura ¿Qué pasó? El gobernador, hoy detenido, alega que su cambio se debe a razones técnicas. Sus detractores, en cambio, sospechan de actos de corrupción. El Ministerio de Economía y Finanzas, ProInversión ya le dieron el visto bueno. Contraloría hizo observaciones, pero que corren por cuenta del GRA.

El exgerente de Autodema, Isaac Martínez, cuestiona la forma en que las gestiones regionales llevaron el proyecto, pero a su criterio, “no hay motivo para temerle a la adenda”. “Majes está a merced de gente que no lo entiende, si se posterga o se cae deberían denunciar a los consejeros. Lo que quieren es que se resuelva el contrato, si ello pasa el proyecto de posterga o se pierde definitivamente”, advierte.

Modelo de negocio

El modelo de negocio para Majes II apunta a ser un proyecto para la agroexportación. El contrato original contempla módulos de 200 has. Sin embargo, hay posturas como la del congresista Jaime Quito, que piden su modificación. Se quiere módulos de 20 has destinado a asegurar la agricultura familiar.

Díaz, aclara que ello es imposible. “Estaríamos hablando de otro proyecto. Se tendría que volver a foja cero. La concesionaria jamás avalaría ello y resolvería el contrato”, comenta. El especialista recuerda que orientar Majes II para el minifundio sería condenarlo a la experiencia de Majes I, donde el 60% de tierras son alfalfares.

Empero, se debe señalar, que la adenda 13, no ha cerrado las puertas a parcelas “sociales”, un tema por discutir.

Esquema fallido

Díaz advierte que de no aprobarse la adenda 13 y llevar el proyecto a un arbitraje, Majes se paralizaría 4 años más. El Estado estaría atado de manos para replantearlo mientras dure el proceso. Cuando esto sea posible, se deberán actualizar costos y lanzar nueva convocatoria. “Con la inflación el costo de tierra subirá demasiado, nadie comprará y Majes ya no será rentable”, señala.