Congresistas de Arequipa y Cusco: qué prometieron en campaña y qué hicieron en 100 días
Mirada. La gestión legislativa de los parlamentarios de estas regiones sigue en deuda. Predominan iniciativas declarativas o inaplicables. Especialista Milagros Campos precisa que el rendimiento de un parlamentario no puede ceñirse a la producción legislativa, su misión esencialmente es de representación, que canalicen las demandas de los ciudadanos que los eligieron.
Zaida Tecsi y Elizabeth Huanca
En campaña electoral, prometieron el oro y el moro: bajarse los sueldos, crear una nueva ley de minería, revisar el contrato de gas con Camisea. En cien días de labor legislativa, los congresistas de Arequipa y Cusco tuvieron otras prioridades. En algunos casos, optaron por proyectos decorativos, en otros, aún no inauguraron producción.
Promesas pendientes
El expremier Guido Bellido, dijo en campaña: ”Trasladaremos el poder al pueblo y presentaremos las iniciativas (legislativas)”. Bellido todavía no estrena esa dinámica de trabajo. Carece de proyectos de ley de su autoría. En campaña, prometió rebajarse el sueldo. De ese planteamiento, no se volvió a escuchar.
El actual presidente de la comisión de Transportes, Alejandro Soto, antes de ser elegido, prometió a los cusqueños acciones para revisar el contrato de Camisea. Además, ofreció la ley de creación del Boleto Turístico de Cusco y el congelamiento de deudas bancarias por el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Según el portal del Congreso, aún no se ocupó de esos temas y casi todos sus proyectos son declarativos: fomento del quechua y la rehabilitación de la vía férrea hidroeléctrica de Machupicchu a Quillabamba.
La parlamentaria Ruth Luque enarboló en campaña una nueva ley de minería y una superintendencia nacional de empleo juvenil. Por el momento, priorizó proyectos como el matrimonio igualitario que busca que se elimine la barrera legal que impide que las parejas del mismo sexo accedan a esta institución civil. Asimismo, promueve la paridad en la conformación del Tribunal Constitucional, el BCR y el proceso de elección de jueces y fiscales.
De todos ellos, solo su iniciativa para modificar el reglamento del Congreso para proteger el derecho al uso de los idiomas, consiguió dictamen.
El congresista Luis Aragón es el que más producción legislativa tiene. Presentó proyectos como la incorporación del canon turístico que prometió en campaña. Sin embargo, sobre su compromiso electoral de modificar la inmunidad parlamentaria, ley para crear fondos concursables para pequeños empresarios turísticos, exoneraciones tributarias y la consulta previa vinculante, aún no ha dicho nada. Aragón es el único parlamentario cusqueño con una ley vigente. Se trata de la polémica norma, publicada por insistencia, sobre la interpretación de la cuestión de confianza. Muchos especialistas coinciden en que es inconstitucional y el Ejecutivo ya planteó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC).
En el caso de Katy Ugarte, su iniciativa respecto al retorno al magisterio de 14.000 maestros cesados de sus cargos por no rendir o desaprobar el examen nacional exigido por el Ministerio de Educación (Minedu) es la que más ha dado qué hablar. El debate está dividido. Hay quienes consideran que se vulnera la meritocracia.
La producción legislativa de Arequipa
La bancada por Arequipa ha tenido una actuación activa en el quehacer político nacional, pero relativamente baja en su productividad. De los 26 proyectos de ley elaborados, solo uno tiene carácter de ley a la fecha. Esta apunta a la ampliación del bachillerato universitario automático hasta el 2023. La norma fue aprobada días atrás y tiene como autor al también presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina.
María Agüero, tristemente recordada por señalar que el sueldo de congresista no le alcanza, tiene la menor producción legislativa. Sus proyectos están relacionados a mejoras salariales y de pensiones. El que quizás levanta más polvo busca el incremento progresivo de la pensión mínima y modifica la estructura de las contribuciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones (ONP). La propuesta, se apoya en la Sentencia del Tribunal Constitucional 009-2015 que obliga al Estado al incremento progresivo de la pensión mínima en un plazo de dos años. Agüero propone equiparar la pensión mínima (Ley 19990) fijada en S/ 500 con el sueldo mínimo (S/ 930).
En la actualidad, en el país existen un millón 600 mil afiliados aportantes y 546 mil 123 pensionistas. Las aportaciones al 2015, eran de S/ 3,900 millones. No obstante, cubrir la planilla de todos los jubilados supone S/ 5,400 millones. La diferencia se cubre con el tesoro público. ¿Cómo incrementar la pensión mínima con este desfase? La parlamentaria propone la obligatoriedad del cobro a entidades morosas (38%), que supondría el incremento en la recaudación mensual de S/ 2,100 millones. No obstante, se tendría que modificar las contribuciones. El planteamiento, es que el aporte mensual suba de 13% (de la remuneración percibida) a 20%. El trabajador contribuiría con el 7% y el empleador el 13%. Este último, a la fecha, no tiene participación en los aportes.
Diana Gonzáles, por su parte, ha impulsado el proyecto de ley que propone cambios en los requisitos para ser ministro de Estado. La Constitución pone como condición mínima, ser peruano de nacimiento y haber cumplido los 25 años de edad. La prerrogativa de la designación es propia del presidente. Para la parlamentaria la valla debe ser más alta: ser bachiller con estudios superior universitario o técnico, contar con experiencia mínima de 5 años en gestión pública y tener como mínimo 30 años.
Jaime Quito por su parte, propone prohibir la tercerización laboral, explica que a la fecha hay 400 mil trabajadores en esa condición. Otra propuesta apunta a eliminar la suspensión perfecta. Todos sus proyectos actualmente están en comisión. “Se pueden presentar proyectos de ley en cantidades inmensas, pero lo que se debe medir es el impacto real”, dijo Quito.
En tanto, las iniciativas del profesor Alex Paredes (Perú Libre) están relacionadas con mejorar las condiciones laborales o salariales de docentes. La que destaca es la que reconoce el 100% del aporte anual de la CTS de los trabajadores nombrados, contratados y auxiliares de instituciones educativas públicas. La ley, en la actualidad solo reconoce el 14%. Los parlamentarios por Arequipa, pusieron en evidencia el mal estado de los colegios públicos y exigieron la presencia de funcionarios de Pronied para analizar cada caso.
En el caso del congresista Edwin Martínez , tres de sus iniciativas son declarativas como el de la creación e implementación de albergues educativos en zonas alejadas del país.
Produccion legislativa Sur
Deben estar cerca a sus regiones
Para la docente de la Universidad Católica del Perú, Milagros Campos, el corazón de la función congresal es la representación. Es decir, los congresistas deben estar cerca a sus regiones, recoger y canalizar las principales demandas. “Hacer una evaluación de los congresistas es compleja. Habría que empezar por despachos y si estos son de puertas abiertas”, dijo.
Campos también resaltó la potestad fiscalizadora del Congreso. “A través de esta competencia los congresistas pueden ver si tal vez algunos de los reclamos no necesitan una ley, tal vez solo debe hacerse seguimiento”, explicó.
Sobre la producción legislativa, Campos dijo que la cantidad de proyectos no significan una óptima función congresal.
