La mañana de este viernes 5 de octubre se ordenó 36 meses de prisión preventiva para 18 miembros de la presunta organización criminal Los Malditos de Talara, quienes vendrían operando en la provincia desde el año 2017, habrían cometido más de 40 robos y serían los autores de cuatro muertes.
El fiscal provincial Orlando Urbina Cerqueira sustentó los principales elementos de convicción que vinculan a los investigados con los delitos de organización criminal, reglaje, marcaje, robo agravado, en algunos casos, con subsecuente muerte, entre otros; todo ellos cometidos en la provincia de Talara, Piura.
Tras encontrar fundados los elementos presentados por la Fiscalía, se ordenó el traslado al penal de varones de la región de Julio Roberto Zapata Chapilliquén (presunto cabecilla), Jorge Luis Ramos Sernaqué, Lexter Meier Castillo Imán, Luis Correa Jirón, Josué Elías Vivas Vílchez, Diego Paul Morales de la Cruz, Andy Moisés Amaya Sullón, Jurgen Klinsmann López Távara, Luis Alberto Ramos Sernaqué, Daniel Alfredo Gómez Lisa, Jean Piere Alva Arizmendi, Jhisty Huamán Umbo y Edwin Bryan González Gala, detenidos durante el operativo realizado el pasado mes de septiembre.
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Por otro lado, el Juzgado emitió órdenes de ubicación y captura para Pier Marlon Guzmán Dios, Jhon Jorge Amaya Sullón, Paolo Dani Omar Rivera Vílchez, Manuel Josué Juárez Chávez, Robert Smith Clavijo Camacho, quienes se encuentran como no habidos.
En tanto, para Helen Feijoo Céspedes, Greter Guzmán Dios y Ana Hidalgo Falla, quienes aceptaron su participación en los delitos, reconociendo como suyas las voces en las llamadas telefónicas interceptadas que involucraron a los demás miembros de la presunta organización, se les dictó comparecencia con restricciones. La misma medida se extiende para Juan de Dios Alvarado Carrasco, Estéfano Castillo Navarro, Crisman Joel Silva Codarlupo, Darwin Catriel Córdova Espinoza, Renzo Jean Pierre Flores Canales y Dino Omar Agurto Merino, quienes seguirán el proceso en libertad.
Desde el Ministerio Público se indicó que fueron determinantes las escuchas telefónicas, las señales de antenas GPS que los ubicaban cerca a sus domicilios y la decodificación del lenguaje especial que utilizaban a fin de comunicarse sin levantar sospechas para recabar los elementos de convicción presentados durante la audiencia.