Embarazo forzado en niñas, una problemática que se agudiza

En el Perú, toda relación sexual con una menor de 14 años es considerado como violación sexual. Este delito, que vulnera la integridad y la salud de las más pequeñas, es sancionado con la privación de la libertad de manera perpetua; sin embargo, esta medida, establecida en el Código Penal, no impide que siga existiendo dicha problemática.

Para el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) las cifras actuales son preocupantes. Según el Ministerio de la Mujer (Mimp) en nuestro país, cada día, 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres. Además, solo en 2020 se registraron 1.178 nacimientos de este tipo, de los cuales 23 fueron en niñas de 10 años, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV).

La crisis sanitaria y el hacinamiento han mantenido las cifras elevadas de esta problemática. Frente a este contexto, es importante que el Día de la Niña sea una fecha clave para sumarse a la erradicación de esta lamentable realidad.

Formas de atender la problemática

Frente a los casos de violencia sexual se cuenta con normativas específicas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud (Minsa) aprobó una norma técnica que dispone la entrega de kits en casos de violación sexual, que incluyen la entrega de la anticoncepción oral de emergencia (AOE). Además, cuenta con un protocolo de aborto terapéutico para la interrupción voluntaria del embarazo en niñas, más aún por el elevado riesgo de mortalidad materna debido a su edad.

Prestando atención a la salud integral de las niñas, Susana Chávez, directora de Promsex, sostiene que “someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura. El Estado tiene una gran deuda con la salud mental y física de las niñas que son forzadas a continuar su embarazo”.

Indiferencia del Estado

A pesar de las normativas vigentes para la atención de niñas víctimas de violación, para Promsex, el Estado aún no ha logrado cumplir con el debido proceso para que las menores reciban justicia. Un reflejo de esta situación es el caso de Camila, niña a la que le negaron el derecho al aborto terapéutico luego de sufrir de abuso sexual. Tras una pérdida espontánea, la denunciaron, sin pruebas, de haberse practicado un aborto.

Este y otros casos demuestran que el Estado tiene una gran deuda con las niñas, como Camila, quienes no pueden acceder a una reparación integral, plena y efectiva, debido a que el ordenamiento jurídico peruano no ha generado los mecanismos adecuados para reparar estas vulneraciones a sus derechos.

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