Por: Elizabeth Huanca
Los congresistas por Arequipa de Perú Libre, María Agüero y Jaime Quito, generaron polémica con dos propuestas lanzadas en su visita a la ciudad, donde cumplen diversas actividades en su semana de representación.
Agüero levantó polvo y críticas tras señalar en una emisora local que su sueldo como congresista (S/ 15,600) no le alcanza para el costo de vida y los gastos propios del cargo. Una declaración que trajo al recuerdo aseveraciones similares hechas por la ex congresista fujimorista Leila Chihuán.
Un día después, en un intento por justificar el exabrupto, la parlamentaria del “lápiz” dijo que presentará un proyecto de ley para elevar el sueldo mínimo a S/ 3,000.
Para el economista Glenn Arce, la propuesta de Agüero es “totalmente inviable”. Recordó que el sueldo base, actualmente en S/ 930, tiene directa relación con la situación económica del país y sobre todo de las empresas del sector privado. “La mayor cantidad de empresas en el Perú son pequeñas. El mayor porcentaje de su estructura de costo y gastos, está en planilla, si de la noche a la mañana triplicas ello, van a quebrar”, alertó. En ese contexto, calificó de “descabellada” la pretensión de la parlamentaria. Agregó que a la fecha, las empresas registran problemas de demanda. Por ello, agregar un costo adicional “sería como matarlas”.
Explica que si bien, la remuneración mínima y los sueldos en general deben ser incrementados, no es momento de hacerlo. El Estado, antes, debe trabajar en recuperar los niveles de confianza de los actores económicos. “Solo en un contexto de crecimiento económico, confianza y estabilidad podríamos debatir el incremento del salario mínimo, de lo contrario sería como echarle más leña a una casa que se está incendiando”, ejemplificó.
El congresista Jaime Quito también generó controversia. El parlamentario mostró su rechazo a la agroexportación. A su criterio “la agroindustria lo único que hace es explotar a los trabajadores y sacar nuestros productos a otros (países)”. En ese contexto, señaló que la agricultura en el país “tiene que ser de pan llevar”.
La postura de Quito fue enmendada por dos especialistas. El ex viceministro de Agricultura Huber Valdivia remarcó que la agroexportación, es la segunda actividad, después de la minería que genera mayores divisas al país.
En 2020, las exportaciones agrícolas superaron los US$ 7,000 millones. Para 2021, se espera cifras mayores a los US$ 8,000 millones. La actividad, en el marco de la pandemia, ha generado alta demanda en frutas, donde destacan principalmente la uva, palta y arándanos. En Arequipa, la agroexportación genera al año US$ 100 millones.
El experto Saul Duránd recordó que a la fecha más del 80% de la agricultura en el país es “familiar y dedicado a abastecer a la demanda local”, por lo que la seguridad alimentaria del Perú está garantizada. Poco menos del 20% de tierras de cultivo están dedicadas a la exportación.
A la fecha solo alrededor de 300 mil hectáreas (has) en el país dirigen su producción al mercado externo. Estas tierras se concentran especialmente en el norte y centro del país a través de los proyectos Villacuri (Ica), Chavimochic (La Libertad) y Olmos (Lambayeque). En Arequipa, la realidad es similar. De las 122 mil has, apenas 15 mil has, concentradas principalmente en el Valle de Majes, Pampa Baja y Santa Rita, se dedican a la exportación.
El presidente de la Junta de Usuarios de Santa Rita, Daniel Lozada resalta que la agroexportación genera 1 millón de puestos de trabajo. En el Valle de Majes, la actividad da trabajo a 140 mil personas.
Resalta además la rentabilidad de la exportación. Una ha de palta genera hasta US$ 75 mil, mientras que una ha de cebolla en la agricultura convencional en un buen escenario US$ 15 mil.
“Decirle al agricultor que se convierta en un productor de pan llevar cuando puede dedicar a la agroexportación es condenarlo a la pobreza”, remarca Durand.
El congresista Jaime Quito, señaló que su postura no apunta a “destruir la agroexportación”, no obstante, insiste en que antes se debe garantizar la seguridad alimentaria para no depender de productos como el maíz y la soya que vienen del extranjero. En ese contexto, señala que el Estado debe propiciar la consolidación de la agricultura de pan llevar.
A a su criterio, Majes II, un proyecto diseñado para la agroindustria con módulos mínimos de 200 has, debe replantear su fórmula para favorecer al pequeño agricultor con 5 a 6 has. Señala que, a puertas del reinicio del proyecto, se debe abrir el debate.
Para el especialista Durand, hacer ello sería propiciar el fracaso del proyecto. No obstante, aclara que podría destinarse parte de los módulos al pequeño agricultor siempre y cuando el Estado le dé asistencia para que forme parte de la cadena productiva de la agroexportación.